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El exalcalde de Calafell Jordi Sánchez y el que fuera concejal de Urbanismo Ramon Ferré, candidato del PSC, además del técnico de servicios urbanísticos Joan López, declararán como imputados por un presunto delito de prevaricación y falsedad documental.
La Audiencia de Tarragona ha desestimado el recurso de la defensa de Sánchez, Ferré y López contra el inicio del procedimiento tras las denuncias de la empresa Sunway y del Fiscal. Los denunciantes impugnaron el recurso y la Audiencia les ha dado la razón.
Los hechos juzgan una revisión del Plan General sin que el gobierno, presidido por el PSC,alertase a la Comissió d’Urbanime de que ya había sido derribada una histórica masía que precisamente desencadenó esa modificación del planeamiento.
La empresa Sunway, propietaria de la masía de Cal Perotet, firmó un convenio en 2001 con el Ayuntamiento para prever la edificabilidad y usos que garantizasen la conservación y se previesen las construcciones y el entorno.
En 2007 Sunway pidió al Consistorio el derribo de la masía por su ruina y ante la falta de respuesta optó por demolerla, según dijo para evitar accidentes. La demolición fue criticada por el entonces gobierno socialista, ya que señaló que era un destacado elemento del patrimonio local. También encargó a los técnicos municipales que iniciaran un expediente para dotar a la zona de un centro cívico.
En 2008 la Generalitat aprobó la modificación del Plan General y propuso modificar la calificación de la finca para preservar la edificación y los espacios que la rodean, sin tener conocimiento que el edificio ya no existía.
La denuncia dice que el Ayuntamiento no comunicó a Urbanismo la situación y que el cambio de los parámetros perjudicó a los propietarios. Señala que «han sido compensados con un terreno no urbanizable, de peor calidad e indivisible y el Ayuntamiento ha obtenido una finca con todos los servicios». Sunway denunció que no cedía la masía, sino que renunciaba a su derecho sobre la finca y a dividirla, aprovechar el volumen de edificabilidad o a usarla como vivienda, permitiendo usos hoteleros de equipamientos o deportivos».
Para los denunciantes, el Ayuntamiento no adelantó y la masía se deterioró aunque «el alcalde imputado estuvo hasta 2003 y tuvo tiempo para dar cumplimiento al convenio». El magistrado señala que «si el Ayuntamiento condenó el derribo, ¿por qué no lo avisó a la Generalitat? y añade ¿qué finalidad se perseguía con la modificación del Plan General si no la de intentar que el dueño cambiase su propiedad por el solar que se le ofreció?».
