Juzgada una pareja de okupas por extorsionar a los vecinos para abandonar el chalet de Cambrils

El hombre pidió 3.000 euros al presidente de la comunidad. Además, amenazaron qa los vecinos que se quejaban de quemarlos sus casas. El fiscal pide entre dos y tres años de prisión

Àngel Juanpere

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La vivienda estaba e Vilafortuny. Foto: DT

La vivienda estaba e Vilafortuny. Foto: DT

Una pareja de okupas se enfrentan a penas de entre dos y tres años de prisión acusados de extorsionar a una comunidad de vecinos de Cambrils para abandonar el chalet a cambio de dinero. Además, el fiscal asegura que amenazaron a los vecinos que se quejaban de su presencia con quemarles sus casas. 

El escrito de acusación recoge que los procesados son dos ciudadanos españoles -hombre y mujer- sin antecedentes penales. Sobre las cinco y media de la tarde del 9 de agosto de 2016 acudieron a la urbanización Villa Jardín número 6, de la avenida Vilafortuny de Cambrils. Se trata de una vivienda propiedad de una entidad bancaria.

La intención de la pareja era habitarla y permanecer en la misma, hecho que consiguieron. Vivieron en ella hasta una fecha indeterminada de septiembre del mismo año.

El día 9 de agosto, ante la sorpresa generada por el resto de los propietarios de la comunidad -que fueron testigos de la ocupación- comenzaron a recriminar dicha actitud de los acusados. Por ello, se inició una discusión en el curso de la cual la acusada se dirigió a una vecina, propietaria de una vivienda de dicha urbanización, y le dijo: "Te echaremos a ti de tu casa", "te voy a quemar su casa", "quemaremos todas las casas de la urbanización" y "traeremos 100 familias rumanas a ocupar estas casas".

Durante el mismo incidente, la acusada se dirigió también a otra propietaria y le dijo: "Te voy a quemar tu casa", "me he quedado con tu cara". Y ello mientras hacía un gesto con el dedo simulando cortar el cuello mientras miraba a la hija de la testigo.

Los acusados, con la colaboración de terceras personas no identificadas, efectuaron, sin consentimiento de la comunidad de propietarios, los correspondientes enganches para dotar a la vivienda de subministro de agua y electricidad. Disfrutaron ilegítimamente de estos servicios entre el 9 de agosto y septiembre del mismo año. Causaron un perjuicio a la comunidad de 406,95 euros en relación al fraude eléctrico y de 498,73 con el agua.

El 18 de agosto, en medio del clima hostil, se inició un enfrentamiento verbal entre los acusados y la dueña de otra vivienda. Le dijeron: "Qué ha creído la hija de puta esta, le vamos a quemar la casa", "de todas estas casas, las que nos gusten, las ocuparemos y de las que no, las quemaremos" y "lo vas a pagar caro".

En fechas cercanas, el acusado, exigió de manera reiterada a insistente al presidente de la comunidad de propietarios -cuyo número de teléfono había conseguido sin su consentimiento- la cantidad de 3.000 euros para abandonar el inmueble. Lo hizo verbalmente, con mensajes de voz, en el teléfono del denunciante, y con llamadas telefónicas reiteradas en los días 19 (una llamada), 20 (ocho), 21 (una) y 22 (dos).

Algunas de las llamadas no eran contestadas por el denunciante. Crearon en el mismo un clima intimidatorio, ya que, además de la insistencia y reiteración con la que le reclamaba el dinero, le decía: "Hay otras familias gitanas peores que nosotros, de Campoclaro, que nos darían los 3.000 € y ellos ocuparían esta casa y serían más agresivos que nosotros".

El fiscal pide para el acusado un año de prisión por un delito de amenazas, además de una orden de alejamiento para que durante dos años no pueda acercarse a menos de 200 metros de la mujer con la que tuvo el enfrentamiento el 18 de agosto; dos años de prisión  y otra orden de alejamiento y comunicación durante tres años respecto al presidente de la comunidad de propietarios; multa de 1.500 euros por un delito de usurpación y finalmente 1.800 euros por un delito de defraudación.

Para la mujer se mantienen las penas por usurpación y defraudación y se añaden dos años de cárcel por dos delitos de amenazas y sendas órdenes de alejamiento durante dos años de dos propietarias de viviendas con las que tuvo un enfrentamiento.

El Ministerio Público también pide que los dos acusados se les prohiba aproximarse a menos de 500 metros de la urbanización Villa Jardín durante dos años. Y que en concepto de responsabilidad civil pagues a la comunidad de propietarios 9.05,68 euros en concepto de la factura de agua y luz defraudada.

El juicio tendrá lugar en uno de los dos Juzgados de lo Penal de Reus en una fecha todavía no señalada.

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