Juzgado un constructor por hacerse ilegalmente una casa en Vila-seca

17 meses de prisión, el pago de una multa de 5.760 euros y que durante un año y medio no pueda ejercer profesión u oficio relacionados con la construcción de inmuebles y promoción inmobiliaria.

Es la pena que la Fiscalía de Tarragona solicita para el administrador de una empresa constructora por haber levantado una construcción ilegalmente en el término municipal de Vila-seca.

El escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso el Diari, recoge que el 25 de enero de 2012 una patrulla de los agentes rurales del Tarragonès realizaron una inspección en el paraje Els Emprius. Detectaron una vivienda sobre una superficie hormigonada de 50 metros cuadrados, con porche y cierre perimetral con puntales y red metálica. 

El suelo sobre el que yergue la construcción está catalogado como no urbanizable, agrícola permanente y es propiedad del promotor –ahora acusado–, que cuenta con antecedentes penales. Dicha vivienda como tal no es legalizable.

El 20 de septiembre de 2007, el acusado había solicitado permiso para la construcción de una balsa elevada y de un almacén agrícola para guardar el tractor y herramientas de campo. La construcción de dicho almacén fue informada desfavorablemente por no contar la finca con la superficie mínima para ello –10.000 metros cuadrados–. Por ello, dicho permiso fue denegado por el Ayuntamiento.

Dicha denegación fue considerada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por cuestiones formales, resolviendo la retroacción del procedimiento administrativo a la fase de entrega de la documentación preceptiva. Una vez aportados los documentos requeridos, entre ellos los planos de la edificación, estos se correspondían con lo solicitado, esto es, el almacén agrícola, lo que motivó un informe favorable del técnico municipal.

El 22 de febrero de 2010 se le concedió licencia favorable para almacén agrícola, denegándose expresamente la autorización para construcción de una vivienda.

Inicio de las obras

Las obras se iniciaron el 3 de enero de 2011. El procesado, el 27 de junio, presentó una solicitud complementaria de legalización de la obra, que suponía una ampliación. Sin embargo, lo que realmente construyó fue una vivienda, que fue lo que detectaron los agentes rurales.
El 16 de marzo de 2015 le fue denegada la licencia de primera ocupación como almacén agrícola porque todavía mantenía elementos internos de vivienda, en particular el hogar bajo.

Cuando ocurrieron los hechos, el acusado era administrador único de una empresa cuyo objeto social era la construcción y promoción de viviendas y, en general, el desarrollo de actividades inmobiliarias.

El fiscal señala en su escrito de acusación que, habida cuenta de la aceptación por el Ayuntamiento del actual carácter de almacén agrícola y en tanto se mantenga tal naturaleza, no pide el derribo de la construcción.