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La Audiencia confirma la desimputación de cinco concejales

Siguen encausados los arquitectos Bertran y Batesteza, Josep Poblet y la edil Manuela Moya

Àngel Juanpere

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La Audiencia Provincial de Tarragona ha confirmado el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona sobre las investigaciones acerca de la adjudicación del Centre de Salut de Vila-seca. De esta forma mantiene como imputados a los arquitectos Jorge Batesteza, Rafael Bertran –éste era el municipal–, al alcalde Josep Poblet y a la concejal de Territori Manuela Moya. Por su parte, ratifica el sobreseimiento provisional sobre cuatro concejales –Josep M. Pujals, Josep Toquero, Xavier Farriol y Esmeralda Núñez, la exedil Ana Josefa Girona y finalmente la esposa de Batesteza –administradora de la constructora BBATS–, Silvia Barberà.

El auto del Juzgado de Instrucción 5 de Tarragona de fecha 21 de junio de 2016 fue recurrido por todas las partes menos por el fiscal. Los investigados solicitaban el sobreseimiento de la causa y la acusación popular –la CUP de Reus– que los que saltaron de la lista de investigados continuaran en ella.

El auto de apelación de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona, al que ha tenido acceso el Diari, consta de once folios. A los magistrados les «sorprende» que la acusación popular haya esperado hasta este momento del proceso para solicitar nuevas diligencias «en aras de averiguar los hechos investigados, cuando no consta que nada les impidiera interesarlas con anterioridad, si se ha justificado suficientemente su necesidad en este momento».

La Sala recuerda que el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha aportado los documentos referentes a la construcción del centro de salud, «no pudiendo pensarse en la ocultación por parte de dicho organismo de expediente o documento alguno relacionado con los hechos investigados». Por ello, considera «inútil» la petición de las actas de comisión mixta Ayuntamiento-Generalitat ya que, en caso de existir, «ya estarían incorporadas en la documentación remitida por el Ayuntamiento». También considera inútiles las peticiones de un oficio a la Intervención General de la Administración del Estado y de la declaración del jefe de área de Serveis Territorials i Planificació del Ayuntamiento de Vila-seca.

La desimputación
Sobre la desimputación de los procesados, los magistrados aseguran que a tenor de las diligencias de investigación realizadas, «existen indicios racionales y suficientes para la continuación del procedimiento». Y ello en base a que los ahora apelantes «pueden ser autores de los delitos por los que son acusados».

Los ahora investigados desempeñaban en la fecha de los hechos diferentes cargos públicos –Josep Poblet como alcalde, Rafael Bertran como arquitecto municipal y Manuela Moya como concejal delegada de Urbanisme– y el arquitecto Batesteza –con anteriores responsabilidades en el Servei Català de la Salut– «de forma que todos ellos resolvieron de común acuerdo atribuir al Sr. Batesteza el encargo de la asistencia técnica para la construcción del nuevo CAP de la localidad de Vila-seca, infringiendo la normativa administrativa vigente con la finalidad de eludir la publicidad del concurso y el control propio de la contratación pública.

El encargo fue fraccionado en cinco contratos distintos cuyo importe individual no superaba los límites legalmente fijados para la contratación, «conociendo que el encargo encomendado al Sr. Batesteza debería haber sido sometido a publicidad y concurso público».

Finalmente, la Audiencia Provincial rechaza la petición presentada por la acusación popular para que se rebaje los 3.000 euros que había fijado el juez instructor para estar personada en la causa.

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