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La Fiscalía de Tarragona no ha visto irregularidades en el proceso de tramitación y compra de los terrenos para la construcción de Hard Rock. La denuncia la presentó en septiembre de 2020 dos entidades: Aturem Bcn World y el Gepec al entender que el proceso de adquisición no se ajustaría a las normas que se establecieron en su momento.
Los argumentos de los denunciantes, que previamente intentaron (sin éxito) obtener respuesta del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat, era que la adjudicación de la licencia de casino a Hard Rock no podía darse al no poder acreditar la disponibilidad de terrenos. Así lo especificaban las bases reguladoras. Las dos entidades añadían que había una opción de compra, pero que ésta expiró antes de conceder las licencias, por lo que tampoco cumpliría con los requisitos del concurso.
La denuncia entró en el registro de la Fiscalía en septiembre y abrió dligencias de investigación el 6 de octubre.
La Fiscalía estudió el caso hasta el mes de mayo, cuando decidió sobreseer el caso. La respuesta del Ministerio Público se envió a las partes, que al ver que se archivaba su denuncia no se publicitó.
Hoy, fuentes de Aturem Bcn World han admitido que Fiscalía les envió el archivo de las diligencias d einvestigación antes del verano y que se decidió no darlas a conocer a la espera de si había novedades en el nuevo Plan Director Urbanístico (PDU) de Hard Rock, que debe rehacerse tras considerar que un sector está próximo al complejo químico sur de Tarragona.
El Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori han declinado dar su opinión al archivo de las diligencias y tampoco darán información al proceso del nuevo PDU. Lo que sí parece lógico es que la posibilidad de que las obras de Hard Rock empiecen en 2022 cada vez son escasas, puesto que el nuevo redactado debe someterse a un largo proceso de validación que alargará el trámite administrativo mucho tiempo.
