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La Generalitat legaliza 15.914 pisos y apartamentos turísticos en 2 años

La Associació d'Apartaments advierte de que todavía falta por regularizar 'la mitad de los que hay'
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La Agència Catalana de Turisme ha intensificado el control para regularizar los apartamentos y viviendas de uso turístico. Foto: Pere Ferré

La Agència Catalana de Turisme ha intensificado el control para regularizar los apartamentos y viviendas de uso turístico. Foto: Pere Ferré

La Generalitat de Catalunya ha legalizado 15.914 apartamentos y viviendas de uso turístico en la Costa Daurada en los últimos dos años. La mayoría está en Salou, Cambrils y La Pineda. «De momento sólo se ha regularizado la mitad de los que hay, así que hay que seguir apretando», afirma Josep Graset, presidente de la Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada. En toda Catalunya han sido legalizados unos 49.000. La Agència Catalana de Turisme los ha incluido en su registro.

«Prácticamente todos nuestros asociados se han dado de alta. Faltan, sobre todo, apartamentos sueltos de particulares que los alquilan directamente», señala Graset. Aquellos que no estén registrados pueden ser sancionados con hasta 90.000 euros (multas graves con reincidencia). «En la Costa Daurada ha habido inspecciones y han impuesto sanciones a algunos propietarios de hasta 3.000 euros, aunque son casos aislados. No es un sitio problemático», añade.

El sector se muestra favorable a que se endurezcan los controles para terminar con los alojamientos ilegales. «Son una competencia desleal y dan mala imagen al resto porque ni dan un buen servicio ni pagan impuestos. Anosotros lo que nos interesa es que los clientes se sientan como en casa para que vuelvan a alojarse en el futuro en un apartamento», sostiene el presidente de la Associació d’Apartaments Turístics. Los ilegales suelen ofrecer precios más baratos y cobran, en algunos casos, en dinero negro.

Octavi Bono, gerente del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, comparte esta opinión y destaca «la importancia» de esta regulación: «Las medidas que se están impulsando para corregir este déficit histórico son muy importantes, aunque también son muy difíciles de conseguir ya que las inspección y el control son complicados». Y matiza que el hecho de que «una parte de la oferta opere al margen de la normativa ni es específica de la Costa Daurada ni de Catalunya, sino del conjunto del Estado».

Con este registro, la Generalitat pretende equiparar las viviendas de uso turístico al resto de alojamientos que también necesitan sus permisos, como hoteles, turismo rural o apartamentos». Para darse de alta, los propietarios deben presentar en el ayuntamiento donde esté ubicado el inmueble sus datos, la cédula de habitabilidad y un teléfono de contacto.

El sector lamenta la burocracia y las trabas con las que se encuentran. Algunos municipios cobran por realizar esta gestión. «Hay consistorios que lo ven como una manera de sacar dinero y eso es un grave error», lamenta Graset.

Internet acapara buena parte de la oferta de apartamentos y viviendas de uso turístico. La Agència Catalana de Turisme ha intensificado el rastreo en webs y ha realizado 253 requerimientos a titulares de portales donde se ofertan alojamientos ilegales solicitándoles información. «El 30% de la comercialización del sector se hace por este vía», apuntan fuentes del Govern.

 

Más control

El último requisito exigido por la administración catalana a los apartamentistas es la obligación de mostrar su número de inscripción en el Regsitre de Turisme de Catalunya en toda la publicidad que hagan, ya sea online o no. La Generalitat ha abierto 18 expedientes por no cumplirlo.

La Agencia Tributaria también se ha puesto seria con los alquileres turísticos. Su nuevo plan de control recoge actuaciones en el sector servicios «enfocadas al descubrimiento de actividades y rentas ocultas» en negocios de la economía sumergida. En concreto, actuará «sobre los particulares que ceden de forma opaca total o parcialmente viviendas por internet u otras vías» y llevará a cabo inspecciones presenciales para detectar alquileres irregulares no declarados.

Esta medida trata de responder a las demandas del sector turístico, en especial de los hoteleros, que llevan tiempo denunciando la competencia desleal que supone este tipo de actividades.

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