Socorristas sin regularizar en la Costa Daurada

Faltan socorristas. Empieza la temporada de verano y se repite la situación del año pasado. La formación que se exige es demasiado estricta y no hay suficientes profesionales disponibles. 

Para paliar la situación y como «solución» provisional, la Generalitat ha aprobado una moratoria y no sancionará a las empresas que contraten socorristas que no cumplan con los requisitos que exige la ley. Pero en caso que haya algún incidente, sí que se exigirán responsabilidades a quienes contraten al personal, ya sean compañías privadas o ayuntamientos. 

El presidente de la Associació d’Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic (AECSA), Albert Calabuig, ha querido dejar claro que serán profesionales formados pero no se les exigirá que tengan que estar inscritos en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC). 

Desde AECSA ya alertaron hace unos meses que no se podrían cubrir las 2.000 plazas necesarias para la temporada estival por falta de personal. Calabuig explica que la situación se debe a un cúmulo de circunstancias pero sobre todo porque la normativa es «demasiado estricta» y considera que podría haber otros modelos. «A muchas personas no les sale a cuenta estudiar durante un año para trabajar medio año o muchas veces durante solo tres meses», explica. Además señala que los salarios son «muy bajos» y cada vez hay menos escuelas porque la normativa también es más exigente para ellos. 

Desde 2015 para ser socorristas es necesario un certificado de profesionalidad o un ciclo formativo de grado medio y estar inscrito en el ROPEC. 

Las poblaciones donde el servicio de socorrismo es más difícil de cubrir son las del Baix Penedès, como Calafell o Cunit, o bien la zona de Miami Platja y L’Hospitalet de l’Infant. En el interior, las zonas más complicadas para encontrar socorristas para piscinas son algunas poblaciones del Priorat y también de la Conca de Barberà. 

El año pasado en Cunit faltaron tres socorristas para cubrir las 17 plazas que se contratan directamente des del Ayuntamiento. Este año aún les faltan siete. Por el momento, han optado por cubrir las plazas vacantes con vigilantes de playa que pueden llevar a cabo las mismas tareas que los socorristas menos los rescates acuáticos. Según Calabuig, cada año se van entre un 25%-30% de los socorristas y «no se producen suficientes recambios». Apunta que generalmente se trata de gente joven que lo deja al cabo de dos o tres años. 

La Generalitat ha aprobado esta moratoria hasta el 30 de septiembre para que los socorristas tengan tiempo de ponerse al día. A finales de este mismo mes AECSA quiere reunirse con la Generalitat para encontrar una solución definitiva. 
Desde el Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC), han mostrado «malestar» y dicen estar en «profundo desacuerdo» con esta nueva moratoria. 

Malestar por la moratoria
Consideran que «la situación no es de manca de profesionales, sino de situación laboral precaria, que no genera suficientes incentivos, tal y como plantean otra voces del mismo sector y sindicales». Además ponen de manifiesto que el registro de los profesionales en el ROPEC era una «garantía de la necesaria seguridad para las personas de estos espacios». 

Consideran que la moratoria corresponde a «presiones directas» al Govern por parte del sector privado vinculado al socorrismo acuático, «hasta desvirtuar el régimen sancionador des del primer momento en que se tenía que aplicar». 

Desde la COPLEFC creen que se trata de «un camino inapropiado» que genera inseguridad jurídica que «podría hacer peligrar» el funcionamiento económico del conjunto del sector. «Los profesionales que sí habían hecho el esfuerzo administrativo y formativo para adaptarse a la normativa se deben sentir traicionados por esta nueva disposición», dicen. 

Finalmente, concluyen que se trata de un «paso atrás» a nivel profesional muy importante. El Col·legi exige un debate en profundiad con todos los agentes implicados para mejorar la coordinación y encontrar una solución definitiva ante posibles soluciones futuras y asegura que por su parte están dispuestos a trabajar para ello. Exponen que se trata de una Ley del 2008 que ya había tenido  cuatro moratorias, un tiempo que consideran «más que suficiente» para facilitar la adaptación del sector de los técnicos y profesionales de las actividades físicas al contexto normativo requerido.