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La Generalitat propondrá al TSJC revisar leyes vinculadas a ocupación

El Secretari d´Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, admite que ya se han celebrado reuniones entre departamentos

Jordi Cabré

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Vecinos de Quatre Camins, de Cambrils, denunciaron que las casas vacías habían sido okupadas. Foto: A. González

Vecinos de Quatre Camins, de Cambrils, denunciaron que las casas vacías habían sido okupadas. Foto: A. González

La alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza, aprovechó la visita del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, para exponerle –entre otros temas– la problemática de la ciudad en materia de okupas. La petición se realizó el viernes día 16. La villa marinera tiene unas 60 casas identificadas, la última hace una semana en la calle València. La problemática de Cambrils es extensiva a muchas ciudades de la provincia –Salou hay unas 50 y en Vila-seca una decena por citar algunos ejemplos vecinos cercanos– y también del resto del país.

La Generalitat no ha desoído las quejas y peticiones municipales y desde este septiembre ha realizado ya un par de reuniones internas entre técnicos y responsables de los departamentos de Justícia, Interior y Governació para buscar mecanismos y soluciones que permitan combatir la mayoría de las ocupaciones actuales en todo el país y sólo se sea permisivo y razonable, si es demostrable, con aquellas familias necesitadas o casos de exclusión social.

El Secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala, reconoce que en el año 2013 hubo un primer intento para desencallar este problema. «El departamento tiene en propiedad 14.000 viviendas y unas 200 están okupadas, lo que acarrea un gran problema cuando el adjudicatario de esa casa no puede entrar porque una familia ha entrado de forma ilegal y cuesta muchísimo poder desalojarlos».

Sala explica que «ha habido reuniones iniciales con el fin de pactar una propuesta para el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y que éste pueda aplicar nuevos criterios a la actual legislación, que a día de hoy es más garantista para aquel que okupa una casa que no para que la devuelva».

Añade que el problema no es sólo catalán, sino estatal y que «alguien con valentía debería liderar una propuesta en el Congreso para cambiar tanto las leyes que afectan al Código Penal como las del Código Civil». El Secretari General de l’Habitatge entiende quecada okupación debe estudiarse individualmente y apunta que «las okupaciones de familias y personas vulnerables que se producen en las viviendas que gestionamos las intentamos reubicar en otros pisos, pero que el que han ocupado lo liberen para la persona o familia a la que se ha adjudicado».

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