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La causa que investiga los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 se encuentra paralizada en la Audiencia Nacional debido al recuento oficial de víctimas, pues, más de dos años después de la tragedia, aún no se ha esclarecido el número real de damnificados en esta acción criminal que dejó 16 personas fallecidas.
Según fuentes jurídicas, el problema con el que se ha encontrado el magistrado José Luis Calama, es que casi una veintena de personas que dicen ser víctimas han querido personarse en el procedimiento. Mientras la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo recaba la información para elaborar un balance oficial, que espera tener listo a finales de este año o principios de 2020, el juez ha tenido que hacer una criba por su cuenta y ha solicitado informes médicos. En el caso de los que ya ha rechazado, Calama argumenta que «los médicos forenses no pueden establecer la relación causa-efecto entre el atentado terrorista y las presuntas lesiones de naturaleza psíquica referidas por los recurrentes». El magistrado también recuerda una sentencia del Tribunal Supremo según la cual «para reivindicar el carácter de víctima se necesita algo más que una percepción subjetiva». Dicha sentencia del alto tribunal establece que «tampoco basta la experiencia psicológica de la injusticia» y que la «conceptuación» como víctima «no puede derivarse del impacto emocional ocasionado por el delito». «La victimidad, incluso entendida en su dimensión más histórica, ha de entenderse como una condición objetiva, originada por un padecimiento ligado de forma directa a un hecho punible», subraya.
El Ministerio del Interior calcula que la cifra definitiva de víctimas acabará rondando el centenar de personas. Por el momento se han abonado 5,2 millones en concepto de indemnizaciones y se ha reconocido a 96 víctimas, a las que hay que sumar otras 24 personas a las que se han otorgado ayudas como afectadas.
Interior sigue tratando de resolver los 549 expedientes que ha recibido después de supuestas víctimas, de los cuales ya ha resuelto el 74%, según explicó en agosto la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos. El 26% restante procede de la «avalancha de tramitaciones» derivadas desde la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT), que en junio de 2018 firmó un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona. Se quejó de que Interior no atendía a muchos afectados con secuelas psicológicas, pero según la oficina que dirige Sonia Ramos, esos «testigos» con secuelas no son reconocidos por la ley como víctimas con derecho a indemnización, aunque sí pueden tener ayuda psicológica o darse de baja por enfermedad.
El procedimiento oficial para reconocer a una persona como víctima del terrorismo está contemplado en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral, que establece como requisitos: haber sufrido acción terrorista, tener presencia directa en la acción o haber sufrido daños personales consecuencia del acto. Para ello se utilizan también informes oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
