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La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo espera tener cerrado para finales de este año o principios de 2020 la cifra oficial definitiva de víctimas de los atentados yihadistas de Catalunya de agosto de 2017, que calcula que acabará rondando el centenar de personas.
La directora general del organismo dependiente del Ministerio del Interior, Sonia Ramos, defiende la atención ofrecida «desde el primer momento» a las víctimas del atentado yihadista. Por el momento se ha abonado 5,2 millones de euros y reconocido a 96 personas como víctimas, a los que hay que sumar otras 24 personas a las que se han otorgado ayudas como afectados.
Hubo 16 muertos
En aquellos atentados ocurridos en Barcelona y Cambrils y en la explosión de Alcanar en agosto de 2017 fallecieron 16 personas y otras 137 resultaron heridas. A partir de ahí, el Ministerio del Interior ha tramitado 549 expedientes, de los que, dos años después, se han resuelto el 74%.
El 26% restante proceden de la «avalancha de tramitaciones» derivadas desde la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT), que en junio de 2018 firmó un convenio con el Ayuntamiento presidido por Ada Colau. Sonia Ramos adelantó que «la inmensa mayoría de los expedientes aún en estudio van a ser negativos».
Desde hace un año se han sucedido las polémicas entre la UAVAT e Interior. «Nosotros nos reunimos con ellos para explicarles que la ley diferencia entre afectado de terrorismo y testigo; por nuestra parte hubo siempre colaboración, pero no puedo hablar de reciprocidad», asegura Sonia Ramos.
La polémica viene generada porque la UAVAT, con el respaldo del consistorio, lanzó un teléfono gratuito y se quejó de que Interior no atendía a muchos afectados con secuelas psicológicas. La oficina que dirige Sonia Ramos insiste en que esos «testigos» con secuelas no son reconocidos por la ley como víctimas con derecho a indemnización económica, aunque sí pueden tener ayuda psicológica o darse de baja por enfermedad.
La decisión no la adopta directamente el Ministerio del Interior. «Cada caso derivado a Interior se convierte en un expediente que es evaluado con un rigor absoluto por un equipo colegiado de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social», añade Sonia Ramos, que recuerda que el procedimiento está contemplado en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Esta ley establece una serie de requisitos claros para la consideración de víctima del terrorismo: haber sufrido acción terrorista, tener presencia directa en la acción terrorista o haber sufrido daños personales consecuencia del acto terrorista. Para ello se utilizan también informes oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Aval de la Audiencia Nacional
Este criterio fue avalado por la Audiencia Nacional, que dictó este mes de junio una primera sentencia confirmando la interpretación del Ministerio del Interior. El departamento recuerda que una misma víctima puede tener dos expedientes aprobados, uno por daños físicos y otro por psicológicos, y que sus datos aún no son definitivos porque hay casos de incapacidad temporal o de consolidación de secuelas definitivas, pendientes aún de valoración.
«Siempre hay margen de mejora en cuestiones como acelerar la burocracia, pero tenemos un sistema de protección de las víctimas de terrorismo que es un modelo internacional», subraya Sonia Ramos, que ya ocupaba el cargo de directora general con el anterior Gobierno del PP, liderado por Mariano Rajoy.
