La construcción de apartamentos turísticos en la Aduana de Salou está encallada

El Ayuntamiento asegura que la propiedad no ha aportado toda la documentación necesaria para la tramitación 

01 febrero 2019 08:55 | Actualizado a 01 febrero 2019 08:56
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El futuro de los terrenos de la Aduana de Salou sigue sin estar claro después de años de litigios. En septiembre del 2017, Amsamar SA, propietaria del solar de la calle Barcelona registró una propuesta al Ayuntamiento para construir apartamentos turísticos en la zona. Pero los trámites no avanzan. 

Ahora los propietarios consideran que el silencio administrativo por parte del Ayuntamiento, significa que se les concede la licencia de obras. Según fuentes municipales, jurídicamente y tal y como marca la ley, cuando un Ayuntamiento tarda más de dos meses en responder un trámite, la respuesta es favorable. 

Pero según el concejal de Urbanisme, Marc Montagut, en este caso «no es así». El edil expone que la propiedad «no ha aportado una documentación imprescindible para otorgar la licencia». Por lo tanto, considera que no ha habido silencio administrativo y que es Amsamar quién debe aportar la documentación necesaria para que la tramitación siga adelante, tal y como les han requerido en distintas ocasiones desde el consistorio.  

Sin licencia de obras 
Precisamente ayer en la Junta de Govern Local, se aprobó desestimar la petición de Amsamar por la que se solicita que «se tenga por comunicada la existencia del silencio administrativo por la licencia de obras para la construcción de un edificio de apartamentos turísticos». El equipo de gobierno también acordó advertir a Amsamar que en caso de que se iniciaran las obras estas serían paralizadas. 

El actual Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) tan solo permite que la parcela se destine a usos turísticos. Precisamente este fue el inicio de una larga cruzada en los juzgados. A finales del 2006 se derribó la Aduana de Salou a causa de su mal estado. Era un inmueble catalogado que se levantó en 1817. Y fue entonces cuando se abrió el debate sobre qué se podría construir en su lugar. 

Antes del 2003 en esta zona se contemplaba el uso residencial. Pero ese mismo año se modificó el POUM y se acordó que tan solo pudiera destinarse a usos turísticos y comerciales.

Amsamar consideró que con este cambio de calificación de los terrenos el Ayuntamiento había llevado a cabo una mala praxis sacándoles el uso residencial del lugar ya que perjudicaba sus intereses. 

En 2012 el Ayuntamiento inició los trámites para recalificar la zona, pero la Generalitat tumbó la modificación. Finalmente en 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictó sentencia obligando al Ayuntamiento a indemnizar con 4,2 millones a los propietarios. El juez entendió que ese cambio se hizo «sin justificación». El Ayuntamiento había presentado un recurso por su disconformidad de la cantidad económica establecida en 2016 y que ascendía a 3,84 millones. Por su parte Amsamar solicitaba 7 millones de euros de indemnización. Pero el juez sentenció en ultima instancia que fueran 4,2 millones. 

Después de que los propietarios recibirán su indemnización la zona sigue teniendo uso turístico. En cuanto los propietarios aporten la documentación requerida, se desbloqueará la situación.

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