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La escuela de música de El Vendrell llega a la Fiscalía

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideran oportuno determinar si hay responsabilidades

José M. Baselga

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La escuela de música de El Vendrell.

La escuela de música de El Vendrell.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de El Vendrell concluyen que la revisión del contrato que se hizo con la empresa constructora de la escuela municipal de música debe ponerse en conocimiento de la Fiscalía para que determine si se derivan responsabilidades.

El Ayuntamiento (entonces PSC y PP) adjudicó en 2006 la construcción y mantenimiento por 13,8 millones de euros. Se pagaría a 30 años a razón de 24.500 euros mensuales. Pero en 2009 el propio consistorio (CiU con mayoría) aprobó una modificación de contrato porque faltaban trabajos. Esa revisión elevaba el coste a 44,5 millones. Todos los concejales lo aprobaron. Entonces gobernaban PSC, CiU, ERC y PP.  

Cuando un concejal alertó en 2014 de la situación, se optó por paralizar ese contrato y en 2015 dejó de pagar las mensualidades. La emprsa Vicsan (ya desaparecida), lo denunció en los tribunales. En 2017 se dio la razón al consitorio, pero la empresa recurrió y se mantenía el litigio.

Indemnización

Hace unas semanas el Ayuntamiento aprobó una indemnización de 2,4 millones para la empresa. La cantidad corresponde a obras, mantenimiento e intereses. Con ello se dio por cerrado el litigio.  


Pero los grupos de la oposición como ERC-Som Poble y Primàries, reclamaron acudir a la Fiscalía para depurar posibles responsabilidades por esa modificación del contrato. 

El interventor
El anterior alcalde Martí Carnicer (PSC), culpó al que fue interventor durante el gobierno en que se aprobó la modificación por no alertar del incremento de coste que tendría la operación.  En su día el interventor, ahora jubilado, explicó que no emitió informe porque nadie se lo pidió. Desde alcaldía señalaron que debía hacerlo de igual manera. Carnicer evitó señalar a políticos porque dijo que no tienen que conocer todos los procedimientos. También faltaba un obligatorio informe de la Comissió Assessora Jurídica de la Generalitat.  La Comissió reconoció que podía anularse el contrato.

Desde ERC, Lluís Navarrete, cuestionó que a una obra de ese coste le faltase mobiliario, instalaciones técnicas, iluminación, audiovisuales e incluso una estación transformadora. Por ello tuvo que hacerse un proyecto complementario dedos millones.

Navarrete señala que con la indemnización «algo que debía pagarse en 33 años con los intereses correspondientes, ahora debe pagarse al contado». Además, los costes judiciales y de asesorías externas han supuesto medio millón. El portavoz de ERC- Som Poble señala a un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento que aconsejaba esperar a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  y que la cantidad como la de beneficio empresarial (unos 125.000 euros) no tenía por qué pagarse.

Además un informe de la secretaria municipal de 2009 que dice que el proyecto complementario no se podía hacer con ese contrato «y alguien se lo saltó». Añade que en 24 horas el responsable municipal de Hacienda de la época aceptó el proyecto que presentó la empresa Vicsan y que ningún técnico lo supervisó. 

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