La instalación de 140 mobile homes enfrenta al camping Els Prats con el Ayuntamiento de Mont-roig

Alannia Resorts colocó las casas en primera línea de playa sin pedir la licencia al consistorio, lo que motivó que se le abrieran expedientes desde la administración local y la Generalitat

18 marzo 2021 20:20 | Actualizado a 19 marzo 2021 06:48
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El Ayuntamiento de Mont-roig de Camp y Alannia Resorts, la empresa que en 2018 adquirió el camping Els Prats, mantienen un conflicto judicial por la instalación de 140 mobile homes en primera línea de mar. El año pasado los propietarios colocaron estas estructuras no fijas en un espacio que, como indica el Plan Especial Urbanístico, solo permite tiendas de acampada desmontables.

El problema fue que lo hicieron sin pedir la correspondiente licencia, lo que motivó que tanto la administración local como la Generalitat les abrieran unos procedimientos sancionadores y de restauración de la legalidad que suman un millón de euros aproximadamente.

Desde el consistorio defienden que se les avisó en varias ocasiones de que no podían instalar estas casas porque así lo decían los técnicos, pero la empresa hizo otra interpretación de la normativa catalana, española y europea que sí contempla que se puedan ubicar estas viviendas en zonas no urbanizables. También pidió al ayuntamiento que cambiara el plan específico del camping para homologar las casas.

«Además de la instalación de las mobile homes también talaron 150 árboles. La ordenanza dice que no se puede talar un árbol sin pedir permiso. Antes de esta instalación se les advirtió de que no lo podían hacer y que se les abriría un expediente de infracción. Cuando vimos los primeros movimientos de tierra llamé al director para advertirle de que los técnicos decían que no lo podían hacer», explica el alcalde, Fran Morancho. El edil deja claro que el problema lo tiene el camping y no el ayuntamiento, que en todo momento ha seguido la normativa y que tiene informes de sus servicios jurídicos y de la Generalitat que no autorizan estas estructuras móviles.

Recientemente el pleno aprobó una moción para buscar una solución negociada al conflicto

Morancho asegura que el gobierno montrogense siempre ha estado abierto a dialogar con Alannia Resorts. De hecho, hace unas semanas él mismo se reunió con el presidente y el consejero delegado para buscar una solución. No obstante, matiza que ahora están a la espera de la resolución judicial. «Llevamos tiempo dialogando, siempre hemos escuchado. Les pedimos que esperaran antes de instalarlo pero lo hicieron igual. Queremos encontrar una solución dentro de la legalidad», puntualiza.

El informe de la URV

Precisamente este conflicto protagonizó uno de los momentos más tensos del último pleno. La oposición presentó una moción para resolver este enfrentamiento que, según los grupos de Junts per Mont-roig Miami, Ciutadans, ERC y Ara podría afectar a los más de cien trabajadores del camping. Además presentaron un dictamen jurídico elaborado por varios expertos académicos de la Universitat Rovira i Virgili y de la Universitat de Barcelona donde afirman que la instalación de las mobile homes es respetuosa con la legislación en materia de costas, urbanística y con la normativa sobre turismo vigente en Catalunya.

Los grupos instaron al gobierno a trabajar en una solución negociada en beneficio de los empleados y del bienestar del propio municipio y vecinos puesto que el camping atrae muchos turistas. La moción se aprobó con los votos de la oposición y la abstención del gobierno.

Respecto al informe de la URV, el director general de Alannia, Fernando Garijo, asegura que «nos complace verificar que un organismo totalmente independiente como la URV, y expertos en derecho administrativo, avalen con rotundidad las tesis que hemos venido manteniendo desde el primer momento: Nuestra actuación es rigurosamente legal y cumple escrupulosamente con toda la legislación vigente».

En la línea del alcalde de dialogar y resolver el problema, Garijo afirma que «estamos a disposición del municipio para buscar las vías necesarias que pongan fin a una situación que está perjudicando seriamente a todos (municipio, trabajadores, etc.) y que no tiene sentido seguir manteniéndola por más tiempo».

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