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Los vecinos de Salou siguen luchando para que se legalice el cierre de los balcones en el municipio. Llevan ocho años inmersos en esta batalla. Estas instalaciones no se ajustan a la actual normativa que marca el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) de la ciudad. Muchos residentes han recibido multas de más de 1.000 euros por tener cierres en sus balcones y terrazas. Desde la Plataforma Vecinal de Salou, que aglutina a los más de 150 afectados por esta problemática, reclaman ahora que los expedientes sancionadores se paralicen mientras no se resuelve el contencioso administrativo que hay por en medio.
El año pasado el Ayuntamiento inició los trámites para modificar el POUM con el objetivo de implementar el cierre de balcones y terrazas. Pero la Comissió d’Urbanisme de Tarragona tumbó la propuesta alegando que no bastaba con una simple modificación puntual del POUM sino que hacía falta una modificación integral del reglamento. Y el consistorio presentó un contencioso administrativo contra esta decisión el pasado 28 de mayo.
Los vecinos han solicitado medidas cautelares ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) con el objetivo de frenar temporalmente las multas mientras el juez no se haya pronunciado al respecto y no haya sentencia. De hecho recientemente los miembros de la plataforma tuvieron una reunión con los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento y con la mayoría de partidos de la oposición a excepción de ERC y Guanyem. En el encuentro todas las formaciones coincidieron en afirmar que la mejor solución a corto plazo era solicitar las medidas cautelares. Esperan que con el consistorio de su parte el TSJCat pueda admitirlas a trámite.
Manuel Cuetara es ahora el presidente de la Plataforma Vecinal de Salou. Hace un año que entró a la entidad. Le llegó una carta en que desde el Ayuntamiento le informaban que debía pagar una multa de 2.500 euros por el cierre ilegal de su balcón. Con el paso del tiempo le impusieron recargos y al final le embargaron directamente de su cuenta 3.400 euros. «Después de pagar la multa vienen a ver si lo has quitado o no. Si no lo has quitado te enfrentas a otra multa coercitiva», explica Cuetara.
El principal objetivo de la plataforma es que se legalicen los cierres de los balcones. «Como han hecho en Reus», apuntaba el presidente. En el caso de la capital del Baix Camp, Cuetara expone que las administraciones han admitido modificar el catastro de modo que los propietarios de viviendas con cierres de balcones y terrazas pagan más IBI. «Ahora mismo pagamos el 50% de IBI por la terraza. Lo que queremos es legalizarlo y legislarlo», afirma Manuel.
Uno de los principales impulsores de la plataforma es Francisco Martín. Fue uno de los primeros afectados que empezó a denunciar la situación y recogió firmas para pedir al Ayuntamiento que se cambiara la normativa de los cierres de balcones y terrazas. A día de hoy ya cuentan con más de 5.000 firmas. Alrededor de 900 edificios del municipio tienen cierres.
Cansados de promesas
Martín consiguió que todos los partidos políticos votarán a favor de renovar el reglamento en el pleno. Lleva ocho años luchando para conseguirlo: «Estamos cansados de tantas promesas. Esperamos que esta sea la definitiva. Si ahora no hacen nada saldremos a la calle y haremos todo lo que sea necesario».
Básicamente los vecinos han cerrado sus balcones por aislamiento térmico y ahorro energético y también para tener menos ruido. «Si cierras la casa tienes un ahorro energético brutal. De gastarme en un mes 250 euros he pasado a pagar la mitad», explica Cuetara que señala que otros vecinos sobre todo los que viven al lado de los hoteles o en la zona de Carles Buïgas han optado para cerrar sus balcones para evitar el ruido.
En enero de este 2018 la Comissió d’Urbanisme de Tarragona tumbó la modificación puntual del POUM que proponía el Ayuntamiento de Salou. La oposición reprochó al equipo de gobierno que en 2013 Urbanisme ya recomendó que la única solución factible pasaba por una revisión global del POUM.
Adherirse a la Plataforma
Cuetara señala que todavía hay mucha gente que desconoce que hay una plataforma y «seguramente habrá afectados que no saben qué hacer. Nosotros estamos aquí para ofrecerles el asesoramiento que haga falta. Mucha gente ha conseguido frenar las multas recurriendo. Los que no han sabido cómo gestionarlo, nos han embargado». El presidente recuerda que los afectados pueden ponerse en contacto con la plataforma a través de su página de Facebook o por email: plataformavecinalsalou@gmail.com.
