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Los trabajadores de limpieza de Salou se reunieron ayer con la empresa para negociar un nuevo convenio. Parte de los empleados se habían marcado el día de ayer como fecha límite para llegar a un acuerdo con la UTE Salou Net.
Si no había pacto, estaban dispuestos a hacer efectiva la huelga que hace meses que llevan anunciando. Una parada en plena temporada turística cuando la población del municipio se multiplica. No llegaron a ningún acuerdo, pero por el momento quedaron en reunirse otra vez el 3 de agosto.
«La empresa no quiere recuperar el convenio del 2008. Pensábamos que sería más flexible, pero no quiere ceder», explica uno de los representantes del Sindicat de Treballadors (STR), Ignacio Duran.
Desde el sindicato consideran que el último convenio firmado en 2014 no es válido porque no se registró. Según dicen, trabajan dos horas y media a la semana que no se les pagan. También denuncian que si alguien está de baja, la empresa le quita la paga de septiembre. Además reclaman una subida del IPC, ya que llevan tres años con el sueldo «congelado». No obstante, dicen que la empresa se compromete a estudiarlo.
Tras la reunión del próximo 3 de agosto los trabajadores convocarán una asamblea para decidir qué pasos van a dar. No descartan hacer huelga. Aseguran que más de un 50% de la plantilla la apoyaría.
Por su parte, el gerente de la UTE Salou Net explica que hasta el día de ayer los trabajadores no les hicieron una propuesta formal de sus reivindicaciones y del convenio que reclaman.
Aseguran que lo estudiarán hasta la próxima reunión. Aún así, exponen que volver al convenio del 2008 es imposible porque «no existe». Según la compañía, el convenio vigente es el que se hizo en 2014 y venció en 2017. Ahora estaban pendientes de pactar el nuevo convenio que «aún no se ha negociado». «Nuestra voluntad es llegar a un acuerdo», explican.
El STR denunció «el incumplimiento del convenio» en el Juzgado Social, un conflicto colectivo que implica también a UGT y CCOO. El juicio que se debía celebrar el pasado 17 de mayo se aplazó hasta el 25 de octubre para que las partes pudieran negociar.
