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Los concejales de Medio Ambiente Josep Parera (UAM), en el gobierno de Calafell y Rafel Solé (PdCat), en la oposición, han declarado en el juzgado de El Vendrell en la investigación que se sigue por presunto delito penal contra el Medio Ambiente y que denunció la Fiscalía.
El fiscal considera que Parera, como concejal de Medio Ambiente y Solé, como responsable del área del que colgaba esa concejalía en la pasada legislatura, no han actuado para evitar los ruidos y desórdenes en la calle Monturiol, que concentra el ocio nocturno en la localidad.
Se mantiene
Una vecina denunció esa situación dijo que le ocasionaba depresión y estrés. La Fiscalía considera que la situación de ruidos se mantiene, por lo que denunció a los concejales.
La denuncia de la mujer, que ya no vive en Calafell y se trasladó a Málaga, es de hace más de una década, pero ahora el juez ha comenzado a citar a todos los implicados. La denunciante ya declaró el pasado jueves.
Advertencias
Hoy han declarado los concejales y han argumentado que desde la denuncia y sobre todo, desde las advertencias del juzgado emitidas en 2007 para poner orden en esa calle, se han tomado medidas.
El actual concejal de Medio Ambiente Josep Parera, explicó al juez que el Ayuntamiento ha controlado todas las licencias de actividades, los horarios de cierre de los bares y discotecas e incluso ha clausurado algunos por ese incumplimienro o porque carecían de los obligatorios limitadores de los equipos musicales.
En la calle
Pero la Fiscalía de Medio Ambiente denunció lo que considera inactividad del Consistorio para atajar los ruidos que producen no sólo los locales, sino también los que generan los miles de personas que pueden concentrarse en esa calle.
La defensa de Parera explicó que el Consistorio también ha incrementado el número de patrullas policiales para velar por el orden en la vía pública. Aunque señala la imposibilidad del silencio absoluto en una zona de ocio como es la calle Monturiol.
Documentación
Sin embargo la Fiscalía denunció por la vía penal a los dos concejales ya que considera que no se ha evitado una situación que se conoce que es un delito. La denunciante ya recurrió a la vía administrativa a través de Tribunal Superior, pero la Fiscalía ha puesto por su parte una denuncia por la vía penal que podría llevar a varios años de inhabilitación de los concejales.
Tanto Parera como Solé narraron al juez las medidas que había tomado el Ayuntamiento para intententar controlar a los lo cales y el ruido que se produce en la calle. La declaración de los concejales ha sido de palabra y ahora el Ayuntamiento debe aportar la documentación que acredite las actuaciones realizadas para evitar el ruido.
El miedo y los derechos fundamentales
El miedo en el Ayuntamiento a una fuerte sanción por el ruido e incluso a la inhabilitación de los concejales, y más al estar investigado en una causa por esa situación, es lo que argumentó el alcalde Ramon Ferré, para justificar que el horario tope de los conciertos y actos de la Festa Major sea a las 3.30.
Esa es la normativa que establece la Generalitat. Aunque la propia Generalitat marca esa hora para el cierre de las fiestas, también apunta que en caso de actos extraordinarios es el Ayuntamiento quien puede fijar una hora.
Ramon Ferré explicó que el Ayuntamiento no ampliará la hora argumentando la excepcionalidad de la Festa Major porque es un acto que se repite cada año.
El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú fue condenado a reducir el horario y obligado a cambiar la ubicación de un festival que celebra desde hace décadas porque el juez consideró que el hecho de ser una celebración anual hace que no sea extraordinaria.
El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú fue condenado a reducir el horario y obligado a cambiar la ubicación de un festival que celebra desde hace décadas porque el juez consideró que el hecho de ser una celebración anual hace que no sea extraordinaria.
Según la Ley, el que la denunciante del ruido en Calafell supiese que era una calle con una amplia oferta de ocio nocturno no la obliga a tener que aceptar la situación y puede denunciarlo. Además, se trata de un delito contra la intimidad ya que afecta a la privacidad y por tanto atenta contra un derecho fundamental de la persona denunciable por la vía penal.
La asociación de empresarios de ocio nocturno y el Ayuntamiento ya llegaron a un pacto para evitar desórdenes en la calle. Además ahora el Consistoruo pidió que fuesen los Mossos d'Esquadra quienes recuperasen la competencia de policía administrativa en esa calle para controlar los horarios de cierre o las normativas de ruido y aforo en los locales.
