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A finales de junio, en la urbanización La Barquera de Roda de Berà, un grupo de vecinos decidió luchar contra unos okupas que se habían instalado en la calle Teide, primero en el número 3 y luego unos metros más allá, el número 15. La presión vecinal, sumada al apoyo del Ayuntamiento logró que este clan se marchara de la vivienda y se pudiera tapiar antes de que volvieran a instalarse. El problema más que resuelto fue que cambiaba de municipio, de barrio.
Estos okupas, que ya habían estado en Torredembarra y en Creixell, no han dejado de buscar nuevos ‘hogares’ y una de las zonas donde han puesto su punto de mira es en la urbanización Marítima Residencial de Torredembarra. La diferencia con otros okupas, este grupo es numeroso, es incívico y causa malestar entre el resto de vecinos hasta llegar a situaciones insostenibles.
El pasado sábado, los vecinos de una parte de esta urbanización, Marítima Nord, se reunían de forma precipitada ante los primeros conflictos con estos okupas. Su presidente, Joan Carles Miquela, pidió una reunión con el Ayuntamiento y ayer se citó con representantes de la Policía Local y Mossos d’Esquadra para buscar una solución.
«Informamos tanto al alcalde Eduard Rovira como a la concejala de barrio Núria Batet de lo que ocurría. Ha habido mucho ruido, suciedad por incivismo e incluso alguna amenaza», explicaba el presidente vecinal.
Rapidez y coordinación
El alcalde Eduard Rovira admite que el Ayuntamiento está muy encima de este problema social, tanto en la Marítima Residencial como en el resto de la ciudad. «Sabemos que son grupos con personas que tienen antecedentes por delitos y que han estado en otras localidades cuando fueron expulsados de Torredembarra tiempo atrás. De momento, hemos logrado abortar cuatro intentos en esta zona desde que se marcharon de Roda de Berà y estamos muy pendientes para controlar este problema social».
La Policía Local de Torredembarra con la coordinación de Mossos han actuado de forma persistente en el barrio, de forma que al primer indicio que los vecinos sospechan de una okupación o entrada en vivienda aliena, se busca la forma de abortat el posible delito. El Ayuntamiento intenta conocer la titularidad de las viviendas vacías para poder actuar con la ley en la mano.
«Ahora, los bancos incluso se preocupan de sus propiedades y aportan vigilancia privada porque quieren proteger sus activos y evitan que se deterioren si hay una posible venta potencial a la vista», añade el alcalde.
La reunión de ayer entre vecinos y cuerpos de seguridad busca reforzar esta alianza para que las patrullas tanto locales como de Mossos estén presentens y se pueda actuar de forma rápida en la ciudad. «Además de buscar una paz social en el barrio, abortar okupaciones también es una forma de controlar posibles delitos», argumenta el alcalde.
