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El macrocomplejo de hoteles y casino que prevé Hard Rock Entertainment (empresa con sede en Florida) sigue sin tener luz verde definitiva más de ocho años después de que fuera anunciado en su momento por Artur Mas, entonces president de la Generalitat. Muchos han sido los vaivenes desde entonces, tanto jurídicos como políticos, que han llevado a una situación de paralización del mismo.
La actual situación a causa del coronavirus no ha sido más que un bache a las posiciones contrarias de algunos grupos políticos del Parlament -especialmente las de la CUP, los comunes y algunos sectores de ERC- para hacer posible esta iniciativa, que podría suponer una inversión que se estima en 2.000 millones, incluidos el coste del terreno y las infraestructuras, que se llevarían a cabo en dos fases a lo largo de cinco años. Aunque el comienzo de las obras estaba previsto, inicialmente, para 2018, las máquinas siguen sin empezar a trabajar.
El complejo lúdico-hotelero, que cuenta de por sí con abundante controversia por las acusaciones de especulación inmobiliaria, tiene previsto disponer de casi 7.600 metros cuadrados destinados al juego, dos hoteles, uno de ellos con forma de guitarra, con una superficie aproximada de 63.000 metros cuadrados, un espacio comercial de unos 15.000 metros cuadrados, otro de restauración de casi 5.900 metros cuadrados y otros 6.000 metros dedicados a ocio y entretenimiento.
El proyecto incluye una colaboración con PortAventura para el desarrollo de un hotel familiar y con Value Retail, la empresa propietaria de La Roca Village (Barcelona) y Las Rozas Village (Madrid), para crear una gran zona comercial.
A ello hay que sumar que su construcción generaría más de 11.500 puestos de trabajo directos e indirectos durante las obras y el impacto económico en esta zona se había calculado en unos 1.300 millones de euros.
Hay que recordar que el Govern decidió en diciembre aplazar la compraventa de los terrenos del CRT de Vila-seca y Salou para el proyecto Hard Rock hasta que no se modifique el planeamiento urbanístico (PDU) anulado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Ese aplazamiento supone un retraso de un año. Ese es el tiempo estimado por el Govern de la Generalitat para modificar, tramitar y aprobar el nuevo planeamiento urbanístico de las zonas verdes, espacios libres y de equipamientos al que le obliga la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al entender que los terrenos se hallan en una zona de riesgo químico.
El suelo afectado está incluido en el ámbito del sector 1 llamado ‘Complejos Turístico Integrados-CTI’ del Pla Director Urbanístic del ámbito del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca y Salou, junto a PortAventura, y donde inicialmente se proyectaba el fallido BCN World.
Mientras, sigue pendiente la compraventa en la que el Incasòl comprará los terrenos a La Caixa, actual propietaria de los mismos por 120 millones de euros y luego los venderá de forma «inmediata» a Hard Rock, según el ejecutivo. Además, la operación quedará condicionada a que la multinacional suscriba un seguro para cubrir una posible retasación de los terrenos expropiados. Una cuestión a la que la empresa se ha comprometido, según el Govern.
«Pelotazo urbanístico»
Varias son las formaciones contrarias a esta operación que tildan de «pelotazo urbanístico» en favor de La Caixa. Entre ellos está la CUP, quien recientemente entró en el registro de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) un escrito donde pide que se investigue la operación de compraventa.
La formación acusa a los departamentos de Economia i Territori - liderados por el vicepresident Pere Aragonès y por el conseller Damià Calvet- de insistir en una operación «fraudulenta» que sólo beneficiará a La Caixa. «Manifestamos nuestra incomprensión ante el empeño del Govern», subraya la diputada Natàlia Sànchez.
En este sentido, alerta que hay que revisar los gastos que puede general la operación, los que considera «difícilmente justificables». También duda del precio de venta de los terrenos después de que el TSJC haya declarado «nulo» el plan urbanístico.
Además, la CUP carga contra el actual Govern cuestionando sus prioridades. Dice no entender porqué JxCat y ERC quieren sacar adelante un proyecto que pone «en riesgo» las arcas públicas con una cifra de 120 millones de euros.
También las entidades Aturem BCN World y el GEPEC-EdC han logrado dar pasos para frenar la puesta en marcha hasta el momento del proyecto, mostrándose siempre contrarias al mismo.
Mientras, el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet (Junts per Catalunya), asegura que la operación de compraventa de los terrenos de Hard Rock en el Centre Recreatiu Turístic, a través del Incasòl, busca hacer cumplir todas las condiciones impuestas en su día para llevar a cabo el proyecto.
Hace 25 años
Por su parte, el martes era Marc Arza, candidato por Tarragona del PDeCat, quien remarcaba desde el mismo CRT que «Hard Rock será decisión en la configuración del próximo gobierno de Cataluña. Hard Rock será una condición innegociable». Arza recordó el modelo de éxito que ha supuesto PortAventura por el territorio, cuando hace unos 25 años que llegó. «Los grupos radicales que se opusieron a PortAventura, ahora se oponen a este proyecto», destacó.
Parece evidente que, desde entonces, el parque temático ha llevado turismo de valor añadido y familiar, y que ello ha permitido alargar la temporada.
Para el PDeCat, el proyecto de Hard Rock se ha transformado y se ha adaptado a la realidad del territorio, y considera que se parece mucho a PortAventura. «Ha cambiado mucho, pero ahora está en riesgo porque no hay un gobierno fuerte que lo impulse, como sí estaba cuando nació PortAventura», remachó.
Dependiendo del Govern
En cualquier caso, la idea de que Hard Rock siga adelante va a depender en buena medida del gobierno surgido de las urnas. El actual Executiu de la Generalitat asegura que «no hay nada que esconder. Todo el proceso se ejecutará con la máxima diligencia y transparencia. Conforme a la legalidad». Sin embargo, la formación del Govern posterior al 14-F puede suponer cambios en el camino para llevar adelante el proyecto. Parecen claras las posturas de los diferentes partidos políticos en esta campaña en un tema tan trascendental para el futuro económico de la zona.
