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El pleno del Ayuntamiento de Salou aprobó ayer las ordenanzas fiscales del 2019 con tan solo los votos a favor del equipo de gobierno. El concejal de Hisenda, Antoni Brull, puso de manifiesto que de cara al próximo ejercicio se congelarían prácticamente la totalidad de las tases e impuestos del municipio. Con el objetivo de «mantener la calidad de la prestación de servicios que el Ayuntamiento ofrece a todos los salouenses» y en segundo lugar «para asegurar el equilibrio económico y financiero» del consistorio de cara al futuro.
De entre las medidas que se han aprobado destaca la congelación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) «pese a la subida del 2% del IPC», apuntó el concejal de Hisenda. También se remarcó la equiparación de las familias monoparentales a las familias numerosas a los efectos de bonificaciones en las tasas de prestación de servicios públicos y no se aplicaré al Impuesto de Incremento de Valor al Terreno de Naturaleza Urbana en caso de no existir un incremento entre el valor de compra y venda.
Por otra parte habrá también una bonificación del 75% de la cuota por vivienda habitual y la no se aplicarán tasas en los expedientes de canvios de titularidad de una licencia de actividad. Las ordenanzas contemplan también el 100% de bonificación de los vehículos clásicos y el fomento de la ocupación en contratos laborales indefinidos. Y finalmente bonificaciones en el impuesto de actividades económicas de hasta el 50% o bonificaciones en la tasa de prestación de ayuda domiciliaria a personas en situación de riesgo social y con situaciones de dependencia.
Estas ordenanzas fiscales no han convencido a los partidos de la oposición. Por su parte, Esquerra Republicana reprochó al equipo de gobierno que echaban en falta que se aplicara el criterio de impuestos progresivos. Es decir, que se aplique una fiscalidad progresiva en función de los ingresos. Una fórmula con la que consideran que se podrían dar ayudas de «cantidades superiores o más justas».
El portavoz de ERC, Sandro Boquet, puso de manifiesto que el consistorio «lleva cerrando cada año con unos 5 millones de superávit de presupuestos» y con un ahoro de «26 millones de euros». «Se podrían hacer servir para pagar menos impuestos y de manera más justa», concluyó el concejal.
El portavoz del Partido Popular, Mario García, expuso que «si no se ha bajado más el IBI es porque no ha existido voluntad política». La formación propuso rebajar el impuesto hasta un 4%. «Desde el 2012 hasta ahora los salouenses hemos visto incrementar nuestra presión fiscal en el IBI un 11%». Según García «dada la supuesta situación de superávit y saneamiento de nuestras arcas municipales que según ustedes presentan, no se ha hecho el esfuerzo suficiente».
Una rebaja que Brull consideró inasumible teniendo en cuenta que las ordenanzas fiscales «son el cemento» para los próximos presupuestos municipales.
Finalmente desde Cs, Miren Eskarne, lamentó que su propuesta de rebajar los impuestos a los emprendedores salouenses finalmente no hubiera salido adelante. Y también consideran que habiendo superávit las ordenanzas fiscales «hubieran podido lidiar a los vecinos de ciertas cargas económicas». Aún así, la formación naranja valoró positivamente el esfuerzo que el equipo de gobierno ha hecho en las áreas sociales.
Una nueva regulación
El pleno de ayer también aprobó la moción institucional presentada por todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Salou para crear una ponencia de estudio de la realidad de las viviendas de uso turístico en Salou, que recibió el apoyo de todos los grupos municipales.
La propuesta aprobada insta a crear una ponencia transversal político-técnica que estudie la actividad y la realidad de las viviendas de uso turístico en el municipio (legales e ilegales), y estará formada por un concejal de cada grupo municipal, el concejal de Gestió de Territori, el concejal de Activitats y el concejal de Turisme; además de técnicos municipales de los correspondientes departamentos. Según la moción, este órgano debe concluir con una diagnosis de la realidad de los pisos turísticos en el municipio.
En este punto el alcalde, Pere Granados, dejo claro que «dado que la actividad de las viviendas de uso turístico es una actividad económica, deberá ser tratada como tal, y por ello, en base a los estudios que salgan de la ponencia creada, se propondrán modificaciones normativas a las regulaciones existentes de los ámbitos competenciales autonómicos y estatales».
El pleno también aprobó la moción presentada por Ciudadanos sobre la prevención a la adicción de menores en las apuestas que solicita la elaboración de una campaña de concienciación a los menores a partir de 12 años.
