Oposición y gobierno en Salou chocan por el contrato de aforo de control de playas

Mientras ERC, Cs y PP denuncian una adjudicación previa, el equipo municipal afirma que se ha realizado «con pulcritud»

21 junio 2020 18:20 | Actualizado a 23 junio 2020 11:33
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Nuevo choque político en Salou. Equipo de gobierno y oposición siguen a la greña en las últimas semanas y, tras la denuncia hecha pública ayer por la oposición, parece que se prolongará en el tiempo. Pese a las diferentes y opuestas apuestas ideológicas de los grupos de la oposición, los tres grupos que la conforman (ERC, Cs y PP) han sido unánimes a la hora de manifestar su desacuerdo con la adjudicación del contrato de aforo de control de playas que se materializó el día 4 de junio por la Junta de Govern Local.

Cabe recordar que el 29 de mayo, el alcalde de la localidad, Pere Granados, presentó el sistema de control de playas para este verano como medida para hacer frente a la Covid-19 en esa zona de costa. El sistema debería ponerse en marcha a inicios de julio con el objetivo de que los ciudadanos puedan saber si la playa donde quieren ir está llena o no. Las playas de Llevant y Ponent se dividirán en media docena de sectores virtuales cada una, mientras que el resto funcionarán como una unidad.

Desde un espacio web se informará del grado de ocupación, mediante un código de colores semafórico. También está previsto instalar más de una veintena de sensores para regular el aforo en tiempo real, y poder controlar de este modo que no existen aglomeraciones. Una medida con la que están totalmente de acuerdo todos los partidos de la oposición de Salou, que consideran que «se ha hecho un buen trabajo por los técnicos del Ayuntamiento a la hora de buscar una solución que esté a la altura del modelo de ‘smart city’ que queremos».

El problema, según explican los portavoces de los respectivos grupos municipales de la oposición, Marçal Curto (ERC), Pere Lluís Huguet (Cs) y Mario García (PP), radica en el hecho de que «el alcalde presentó el proyecto conjuntamente con un responsable de la empresa que resultó contratada antes de que se iniciara el expediente de contratación, y con una antelación de 5 días a la fecha en que se adjudicó el contrato». Por este motivo han pedido al gobierno municipal «que declare la nulidad de este contrato, ya que no es normal que se presente el proyecto por parte de una empresa antes de que se inicie el expediente de contratación, un expediente al que se presentaron tres empresas».

Los líderes de ERC, Cs y PP en Salou afirman que «este contrato ha costado a todos los salouenses más de 150.000 € de sus bolsillos (...). Es evidente que en esta licitación existen muchos factores que evidencian posibles irregularidades en su adjudicación, o al menos comportamientos poco éticos. Queremos que una vez se declare la nulidad de este expediente se vuelva a iniciar», aseguran.

Con carácter de urgencia

Fuentes del equipo de gobierno consultadas ayer por el Diari aseguraron que la contratación «se ha hecho bajo la más estricta pulcritud administrativa. ¿Alguien se imagina que algún técnico municipal hubiera dejado hacerlo si no fuera así?».

Las misma fuentes explicaron que la contratación directa «se hizo de esta manera dado que lo permitía el estado de alarma decretado por el Gobierno y que hacía referencia a la urgencia misma de esta medida. El día 29 fue sólo una demostración, nada más. No había nada adjudicado todavía. El concejal Barragán ya se lo explicó así en diferentes comisiones».

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