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La Policía Local de Cambrils realizó este verano un informe en el que advirtió del peligro existente en varias de las ocupaciones en la vía pública autorizadas por el Departamento de Urbanisme, Activitats i Obra Pública. En el documento, el cuerpo de seguridad pedía a la concejalía la retirada de terrazas y ocupaciones en la calzada que ponían en riesgo la seguridad de los usuarios, así como la recuperación de las plazas de aparcamiento perdidas.
Este informe lo sacó a la luz el portavoz de Junts per Cambrils, Lluís Abella, durante el turno de preguntas del último pleno. El edil, que hasta el pasado septiembre era el responsable de la concejalía de Protecció Ciutadana, expuso que el 19 de julio pasó por su comisión informativa esta documentación en la que la Policía avisaba de que se estaban dando muchas ocupaciones de la vía pública sin tener en cuenta la seguridad de las personas. «La Policía alertó que habían ocupaciones en sitios que no son seguros. Por ello advirtió y exigió que se retiraran aquellas terrazas y ocupaciones que no cumplían los parámetros de seguridad antes de que ocurriera alguna desgracia», apunta Abella al Diari.
Según el concejal, el detonante de este conflicto fue un negocio que se ubicó justo al lado de una zona de carga y descarga sin seguir los requisitos. Además, en este último año las ocupaciones en la vía pública han crecido de forma notable por la exención de la tasa reguladora. Un aumento que llevó a la Policía a hacer este estudio de las zonas más peligrosas con el objetivo de evitar incidentes como el de Marbella, donde un coche arrasó con las terrazas de varios restaurantes.
En la sesión, Abella preguntó al nuevo gobierno si pensaban tomar medidas para regular la ocupación o bien se esperarían a que sucediera «una desgracia» para actuar.
Contrainforme de la concejalía
Ante la aparición de este informe, el concejal de Urbanisme, Activitats i Obra Pública, Enric Daza, explica que el cuerpo de seguridad señalaba varios puntos peligrosos en la calle Pau Casals, la Rambla Jaume I o la avenida Diputació. El edil asegura que existe un contrainforme realizado por la arquitecta municipal donde se apuntaba que se estaba siguiendo el criterio implementado por la misma Policía para otorgar las licencias de ocupación. «En el informe se sugería que se eliminaran las ocupaciones en la calzada pero no queremos hacerlo sin valorar antes otras maneras», declara Daza.
Respecto al aumento de ocupaciones, el responsable del departamento defiende la decisión de permitir ocupar más espacio en la vía pública, con mesas separadas con la distancia que recomendaban entonces las autoridades, y dar el visto bueno a aquellos negocios que apostaban por tener una terraza aprovechando que no se pagaba la tasa. «Queríamos garantizar que el pueblo pudiese ofrecer los mismos servicios que se prestaban antes de la pandemia y, de paso, ayudar al sector de la hostelería», afirma.
No obstante, el concejal reconoce que la situación cambiará con el pago ya de la tasa. «El próximo año se regulará la ocupación en el sentido que la gente deberá usar solo el espacio estipulado. Tenemos previsto que se mantengan las ampliaciones que prevé la ordenanza y las que no, volverán a la normalidad de 2019. Todo lo que se ocupe, se pagará, por lo que muchos deberán valorar si les sale a cuenta o no tener la ocupación. En el momento se cobre habrá un antes y un después», dice.
