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A solo dos días de la gran cita electoral, el Ayuntamiento de Cambrils celebró ayer un pleno de carácter extraordinario. Muchos, yo incluida, pensábamos que solo quedaba la sesión en la que los concejales que no estarán en el próximo mandato se despedirán de los cambrilenses. Pero resulta que todavía quedaba un penúltimo pleno que, para variar, no estuvo exento de polémica.
La oposición activó el modo guerrillero desde el primer minuto. La pregunta era clara: ¿por qué convocar una sesión «urgente» con las elecciones tan cerca? La respuesta de la alcaldesa, Camí Mendoza, fue se debían aprobar unos puntos que el equipo de gobierno había trabajado hasta el final del mandato, entre ellos, la esperada implementación de la Relació de Llocs de Treball (RLT). Un documento que permitirá ordenar el personal del consistorio y de los organismos autónomos de acuerdo a las necesidades de los servicios.
Parece que la manifestación silenciosa de los trabajadores a principios de mayo surgió efecto y el gobierno se espabiló a aprobar su aplicación de manera progresiva durante estos próximos tres años. Una noticia que la oposición ildó de «electoralista». El concejal de Hacienda, Jaume Gila, desgranó cómo se implementará el instrumento consensuado con el comité de personal de la casa. «Se empezará por el personal fijo y las categorías y sueldos más bajos que afectan a más personas», señaló. La propuesta contempla que, a partir del próximo 1 de junio, se regularán 144 puestos de trabajo, una medida que ascenderá a 325.000 euros; a partir del 1 de enero de 2020 se ajustarán 43 plazas, con un importe de 392.253 euros, y en enero de 2021 se acabarán de regular 39 puestos, con 324.346 euros. «Estamos corrigiendo una deuda histórica con los trabajadores del consistorio. El gobierno tiene la responsabilidad de cumplir los acuerdos asumidos con su personal», afirmó el edil.
Sin embargo, el punto volvió a generar tensión entre Gila y la oposición, que aseguró que se aprobaría un instrumento que tiene informes desfavorables del secretario y del interventor. El más crítico fue David Chatelain, del PP. «Esta implementación supondrá un caos frente a las plazas vacantes. Por no hablar del brutal incremento de gastos. Esta propuesta supone desajustes y discriminaciones. El informe del interventor es claramente negativo. Dice: ‘¿este mayor incremento cómo se realizará? ¿Con incremento de tasas e impuestos?’ (…)Yo les planteo, ¿cómo pagarán este incremento de 3 millones de euros? No sé si estoy delante de un caso de negligencia o de insensatez», apuntó el concejal, que también preguntó al responsable de Hacienda quién le redactaba sus intervenciones, unas palabras que dieron lugar a uno de los momentos más tensos donde se perdieron las formas. «No necesito a ninguna persona que los redacte pero sí puedo decirle que a usted sí se los redactan», aseguró Gila un poco alterado. «Yo soy licenciado en derecho, ¿qué es usted?», contestó Chatelain molesto tras escuchar que el político lo describió como una persona «de letras» y posteriormente aseguró que decía mentiras.
Imanol Rico, (Cs), Ivan Sanz (AdC) y Oliver Klein (NMC) se sumaron a estas críticas por pasar este trámite a última hora. Los concejales manifestaron que faltaban plazas por cubrir, según recogía el informe de recursos humanos, y recordaron que será el próximo gobierno el encargado de ejecutar la RLT. «Los riesgos se tienen que asumir porque somos valientes e inteligentes. Hemos puesto en valor criterios a la hora de interpretar el documento», afirmó Gila.
