Quince años de prisión es la pena que solicita la Fiscalía de Tarragona para un hombre que irrumpió con su revólver en un bar de Cambrils. Comenzó a disparar y causó heridas a dos personas, a una de ellas de carácter muy grave.
A esta, el Ministerio Público pide que la indemnice con 16.275 euros por las lesiones causadas y con 9.415 euros a la otra. El caso llegará a juicio en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona. El procesado es un ciudadano español de 32 años, con antecedentes penales pero no de este tipo.
Acto seguido, el encausado abandonó el local para dirigirse a su vehículo Peugeot 307 de color azul. Allí cogió un revólver que tenía. Sobre las dos de la madrugada, regresó al establecimiento. Se acercó a A.I.R., sacó el arma de fuego y le disparó a bocajarro. La víctima se encontraba de espaldas y no pudo prever el ataque ni defenderse. La víctima estuvo 50 días impedida, 16 hospitalizada y cinco en la UCI. Presentaba una herida abierta penetrante en la cara lateral del cuello, otra en la zona para-vertebral dorsal derecha y también en la región escapular derecha. Durante las pruebas complementarias practicadas se hallaron tres proyectiles: uno en la zona pulmonar, otro en la zona humeral del brazo derecho y el tercero en la zona axilar . Son zonas que el Ministerio Público considera de «riesgo vital».
«Disparó indiscriminadamente»
«A mayor abundamiento el acusado, con ánimo de atentar contra la integridad física ajena», dice el fiscal, disparó indiscriminadamente el arma en el interior del bar. Uno de los proyectiles impactó en la pierna de E.M.R., con orificio de entrada y salida. Le tuvieron que practicar una artroscopia y estuvo 50 días impedidos y cinco de hospitalización.
Cuando ocurrieron los hechos, el acusado carecía de licenciaa de armas. Además, el revólver había sido modificado. El hombre presentaba una alteración psíquica a consecuencia de un trastorno de dependencia politóxica y trastorno intelectual leve, lo que mermaba levemente sus capacidades intelectivas y volitivas. Desde el 11 de julio del año pasado permanece en prisión preventiva.
El fiscal califica los hechos como constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa, por el que pide diez años de prisión y ocho de libertad vigilada, además de una orden que le prohíba comunicarse y acercarse a menos de 500 metros de las víctimas durante ocho años. Hay que sumar tres años de cárcel por un delito de lesiones con uso de arma de fuego y dos más por tenencia ilícita de armas.