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Los disturbios ocasionados a raíz de la muerte de Muere Sylla, el mantero que se precipitó desde un balcón durante un operativo policial en Salou (Tarragonès) el agosto del 2015, continúan pendientes de juicio.
Los procesados son 14 personas de origen senegalés, por los cuales la fiscalía pide penas que sumen 130 años de prisión -oscilan entre los seis y los quince años-.
Este julio, la Audiencia de Tarragona ha convocado a las partes porque exploren una posible conformidad que evitaría la apertura del juicio oral.
Los disturbios dejaron 36 lesionados -30 de los cuales mossos-, comportaron el corte de la circulación ferroviaria durante todo el día, múltiples daños materiales en vehículos y negocios próximos, y cuantiosas pérdidas económicas. La fiscalía reclama indemnizaciones de cerca de 170.000 euros.
Se acusa los procesados de ponerse de acuerdo con el propósito “de alterar la paz pública” después de la muerte del compatriota el 11 de agosto del 2015.
11 de agosto de 2015
La reacción se produjo a partir de las 8 horas ante el inmueble donde vivía lo mantero. Decenas de personas se concentraron en la plaza de Sant Jordi “y tiraron masivamente piedras, palos y mobiliario urbano” a la línea policial que protegía la comitiva judicial, los servicios funerarios y los agentes encargados de los registros domiciliarios.
Hacia las 11.30horas, se ordenó una carga policial de los Mossos d'Esquadra para desalojar la plaza, dado que unos 200 concentrados impedían la salida de la comitiva y del furgón de la funeraria con el cadáver.
Mientras un grupo de personas atacaba el vehículo funerario y hería al conductor, el resto de acusados y terceras personas “golpeaban y atacaban los agentes que se encontraban de servicio, dispuestos en líneas policiales para contener la multitud”, según la fiscal.
La vía férrea cortada hasta las 22 horas por el gran número de objetos que se colocaronA la vez, el ministerio público relata que los manifestantes cortaron el tráfico ferroviario a la altura del paso a nivel de la calle Barcelona, aproximadamente entre las 11.30 y 22 horas.
Los individuos arrancaron las barreras, malograron los cables de comunicaciones, colocaron contenedores de basura como obstáculos en medio de la plataforma y pusieron grandes piedras encima de los raíles que habrían podido hacer descarrilar los convoyes.
Se vieron afectados 32 trenes de servicio público con 3.835 viajeros, con retrasos medianos de 120 minutos, y 25 trenes de servicio comercial con 4.169 viajeros, con retrasos medianos de 150 minutos. En conjunto, los trenes de Renfe acumularon cerca de 4.000 minutos de retraso y se tuvieron que suprimir cinco servicios. Los planes alternativos por carretera supusieron un coste de unos 78.147 euros, mientras que los daños ocasionados a las vías se valoraron en cerca de 72.500 euros.
El ministerio fiscal añade que los procesados consiguieron el propósito de malograr vehículos policiales, mobiliario y cortar el tráfico ferroviario y de vehículos en varias calles de Salou intermediando “el lanzamiento de contenedores y adoquines, arrancando papeleras, incendiando contenedores y lanzando sillas, mesas, parasoles y apoyos de hierro pesado que se iban encontrando a su paso”. También ocasionaron daños en establecimientos comerciales, y agredieron peatones y agentes de policía.
En concreto, unos 30 agentes de los Mossos resultaron lesionados en el dispositivo. Los procesados y otras personas no identificadas los agredieron con puñetazos, palos de madera, ramas, botellas, piedras, baldosas, adoquines y otros objetos contundentes. “Que te mato” o “a nosotros nos es igual; si morimos, morimos todos” son algunas de las expresiones que proferían los manifestantes a los efectivos policiales, a quienes acusaban de haber matado al compatriota senegalés.
Al conductor del coche fúnebre le golpearon con una piedra cuando se llevaba el cadáverAdemás, cuando la plaza fue desalojada y el furgón funerario pudo emprender la marcha custodiado por un vehículo de los Mossos, los concentrados tiraron varias piedras, una de las cuales fracturó el parabrisas delantero del vehículo funerario y ocasionó daños por valor de 1.800 euros. Además, dos de los procesados abrieron la puerta del conductor y lo golpearon con una piedra a la cara.
Los manifestantes también agredieron a personas que intentaban calmar los ánimos, y algunos ciudadanos que se encontraban a su paso. Cinco peatones acabaron con lesiones, la mayoría después de ser empujados al suelo.
Además se malograron ciclomotores y turismos, y se rompieron puertas y escaparates de comercios. La terraza de un bar quedó literalmente “arrasada” puesto que sufrió daños en un televisor, cinco letreros, seis parasoles, 14 mesas y 33 sillas, entre otros. Medio centenar de negocios sufrieron daños y pérdidas derivadas de tener que bajar la persiana. Las estimaciones cifran el impacto en más de 52.000 euros.
Otros individuos rompieron los vehículos de los coches patrulla, los pincharon las ruedas y los tiraron piedras, incluso cuando había agentes en su interior.
En conjunto, quedaron malogrados una veintena de vehículos. Los daños se tasaron en 7.200 euros y las reparaciones subieron a 16.725 euros. El Ayuntamiento de Salou cifró los daños ocasionados al mobiliario urbano y los gastos derivados de la limpieza del lugar en 9.056 euros. Además, los agentes municipales hicieron horas extraordinarias por un importe de 8.514 euros, que el consistorio también reclama.
Los incidentes obligaron los Mossos a activar mecanismos de mediación con el colectivo senegalés, que exigía para desbloquear el corte ferroviario que se dejara sin efecto la detención de algunas personas que habían protagonizado disturbios. Incluso, el cónsul del Senegal fue “objeto de ataques tumultuarios por parte de aquellos con quien hablaba”. Los manifestantes acabaron la protesta cuando se los comunicó y demostró la puesta en libertad de los arrestados hacia las 21 horas.
Posible acuerdo de conformidad
El 19 de julio la Audiencia de Tarragona ha convocado las partes para someter los hechos a una posible conformidad que evitaría la apertura de juicio oral. En caso de que no haya acuerdo, la fiscalía plantea pedir que comparezcan unos 130 testigos entre los cuales hay policías, vecinos y comerciantes, entre otros. La compañía Renfe, el Ayuntamiento de Salou, el abogado del Estado y la letrada de la Generalitat, en representación del Departament d'Interior, figuran entre las partes personadas en la causa.
El consistorio se adhiere a las pretensiones de la fiscalía, pero subraya que los disturbios provocaron un daño “inquantificable” a la ciudad teniendo en cuenta que pasaron en “una época de máxima concurrencia turística”. Por su parte, la Generalitat pide cinco años de prisión por delitos públicos agravados y cuatro años y medio por un delito de atentado a los agentes, además de una multa por los delitos leves de lesiones.
El caso por la muerte del mantero, archivado
Mor Sylla murió en el marco de un dispositivo de los Mossos d'Esquadra contra el top manta. En el mes de octubre de 2018, la Audiencia de Tarragona ratificó que el hombre se precipitó por el balcón de su casa cuando pretendía huir de los agentes y ratificó el archivo de la causa. El juzgado de instrucción ya consideró que la muerte era accidental y que no se podía atribuir a la acción de ningún efectivo policial.
