Querella contra los Mossos por la muerte de un detenido en Salou

El padre y la pareja del hombre de 43 años fallecido el 2 de abril de 2014 en Salou tras ser reducido por los Mossos d’Esquadra registraron ayer en el juzgado de guardia de Tarragona una querella criminal contra un sargento, un cabo y ocho agentes del cuerpo de los Mossos, además de dos efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). En el texto, firmado por José Manuel Prieto y Bárbara Gerindote, acusan a los agentes de la policía catalana de un delito de imprudencia grave con resultado de muerte y otro de lesiones. En el caso del SEM, se refieren a un delito contra la integridad moral y contra la intimidad, todo ello a raíz de lo sucedido el día en el que falleció Juan Carlos Prieto.

La versión difundida el año pasado tras conocerse los hechos señalaba que fue el mismo Juan Carlos Prieto quien llamó para pedir ayuda, y cuando llegaron los agentes vieron cómo estaba agrediendo a su pareja. No quería abrir. Tuvieron que derribar la puerta y entonces intervinieron para separarles y le redujeron. Ya esposado, perdió la conciencia. Y finalmente, murió. También subrayaron que era consumidor habitual de drogas.

Pero la familia, representada por el abogado Carles Herrera –del bufete tarraconense Europraxis Legal–, asegura que las cosas no ocurrieron exactamente de esta manera. Han recabado información y pruebas en los últimos meses. Según especifica la demanda presentada ayer, su versión defiende que Juan Carlos Prieto, consumidor habitual de cocaína, sufrió un episodio psiquiátrico de ataque de pánico cuando se encontraba en su domicilio en compañía de su pareja. Por ello solicitó ayuda médica y policial llamando al 112 y al 061 doce veces en una hora, entre las 20.30 y las 21.30 horas.

«Cuando llegó el jefe del operativo policial, en lugar de aplicar los protocolos establecidos como emergencia psiquiátrica, aplicó el correspondiente a un episodio de violencia de género», alegan, afirmando que en el tiempo que transcurrió desde su llegada (21 h) hasta que ordenó entrar por la fuerza en el domicilio (22 h) no realizó ningún aviso para que compareciera una ambulancia medicalizada. «Sin embargo –relatan–, Prieto siguió llamando al 112 y al 061, pidiendo ayuda, ya que, como reconoció el jefe del operativo policial, existía real peligro para las personas que estaban en el interior de la vivienda», apunta la querella.

El texto prosigue señalando que, a las 22 horas, la policía entró por la fuerza y, después de separarlo en el cuarto de baño de su pareja –querellante en este caso–, le llevaron al comedor, donde entre ocho policías le pusieron boca abajo, le esposaron y le pegaron una paliza durante al menos diez minutos.

«Finalmente, el hombre falleció entre las 22.16 y las 22.18 horas, como consecuencia de un delirio agitado, debido a una concausa de varios factores, entre los que juega un papel primordial la forma de actuar de los querellados agentes de los Mossos d’Esquadra», prosigue el texto. Y concluye: «A las 22.30 horas llegó al lugar de los hechos un médico del SEM que practicó una reanimación cardiorespiratoria durante unos veinte minutos, declarando la muerte de Juan Carlos Prieto a las 22.50 horas».

«Como consecuencia de la brutal paliza, le fracturaron ocho costillas de una zona que se desvincula de cualquier maniobra resucitatoria», puntualiza el texto.

‘Mi hijo pedía ayuda’

«Estamos muy mal. Esto ha sido un calvario. Yo estaba allí cuando todo pasó, porque Juan Carlos también había llamado a casa pidiendo ayuda y fui a Salou corriendo. Oí, desde fuera, cómo mi hijo gritaba que le estaban matando y me llamaba. Pero nadie me dejó entrar. Le detuvieron dándole una paliza. Le rompieron ocho costillas. Y de allí no salió con vida», lamenta José Manuel Prieto, quien añade que «él llamó pidiendo ayuda. No que le mataran».

Tanto los padres como la hermana son conscientes de que Juan Carlos Prieto era consumidor de drogas, pero están convencidos de que si los agentes hubieran actuado de otra forma, hoy estaría vivo. «Habría merecido un buen castigo, por supuesto, o que lo pusieran en el calabozo. Pero no merecía la muerte», lamenta Rita García, la madre del fallecido.

Su padre asegura, además, que le mintieron. «Cuando dejó de gritar, salieron y me dijeron que habían conseguido tranquilizarle y que podía irme a mi casa. Que se lo llevaban al calabozo y a su pareja, al hospital. Yo les creí. Pero ahora estoy completamente seguro de que cuando dejó de gritar, ya estaba muerto», añade.

«A las dos de la madrugada llamaron a la puerta de casa. Abrí yo. Y me dijeron que acababa de morir», apunta Yolanda, hermana de Juan Carlos. Yolanda defendió desde el primer momento que las cosas no encajaban: «Si esto pasó el miércoles, no nos dejaron verle hasta el viernes. Lo habían maquillado. Pero tenía el ojo morado y marcas de la brutal paliza que había recibido».

Por su parte, Bárbara, la pareja del fallecido, señala en su declaración que, mientras se la llevaban fuera del domicilio, pudo ver cómo los agentes que intervinieron en la detención de Prieto le pegaban con sus porras extensibles. También afirma que el hombre estaba esposado e imploraba que le dieran un tranquilizante porque se estaba muriendo.

La reanimación, esposado

Según la declaración del médico y el enfermero del SEM, los agentes que realizaron las primeras maniobfas de reanimación lo hicieron con Juan Carlos Prieto esposado en la espalda y en posición de cúbito supino. Pidieron que se las quitaran y empezaron las maniobras de resucitación.

La autopsia apunta que «en el mecanismo de muerte han contribuido varios factores de riesgo»: la cocaína, el estrés de contención y la detención y el estado de excitación y agresividad (delirio). De hecho, según confirma la autopsia practicada y un informe pericial forense posterior, «se observan hasta ocho fracturas costales, todas ellas situadas en dos partes laterales del cuerpo, en zonas muy alejadas del área que se comprime en la reanimación cardiopulmonar, que es sobre la mitad inferior del esternón, es decir, sobre el corazón, y de otras lesiones en todas las partes de su cuerpo».

«El médico firmó la defunción a las 22.50 horas, pero pasó más de una hora hasta que llamaron al juez de guardia», apunta el letrado Carles Herrera.

Además de querellarse contra los Mossos por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte y otro de lesiones, el texto denuncia al SEM por un delito contra la integridad moral, subrayando la gravedad de que el hombre se encontrara detenido y esposado cuando le golpeaban funcionarios públicos. Y uno contra la intimidad, ya que «por parte de algunas de las personas presentes en el lugar de los hechos, se obtuvieron fotografías de la cara de la pareja de Juan Carlos, que reflejaban sus heridas, y estas imágenes fueron difundidas a través de Whatsapp».

Ahora falta ver si admiten a trámite la querella. Entonces, el proceso seguiría su curso. «Ha sido horrible. Nunca nos habríamos imaginado que ocurriría algo así», dice la familia de Prieto.