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Pena mínima para un hombre acusado de haber intentado matar a otro en El Vendrell. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona ha condenado a un ciudadano español a quince meses de prisión por un delito de tentativa de homicidio. Hay que sumar medio año más por otro delito de tenencia ilícita de armas.
Los hechos se remontan a las cuatro y media de la tarde del 2 de agosto de 2010 en las inmediaciones de un chiringuito situado en la playa del Passeig Marítim de Sant Salvador, en El Vendrell. El acusado se dirigió a un vehículo que se encontraba aparcado cerca. En su interior había el propietario de un bar, sentado en el asiento del acompañante, mientras que el denunciante– y posteriormente víctima se hallaba en el asiento del conductor.
El encausado se dirigió a ellos y les dijo: «¿Qué pasa?, soy el jefe, ¿qué haces aquí?, ¿por qué me buscas?, ¿quién está buscando al jefe?, yo no tengo dinero». A continuación sacó del bolsillo derecho del pantalón una caja pequeña que contenía una pistola. Se la puso en la cabeza del conductor. También apuntó al acompañante, diciéndoles: «¿Tú qué miras?». Éste, asustado, bajó del vehículo y se escondió detrás de la puerta trasera.
El acusado volvió a poner la pistola en la cabeza del conductor. Éste la apartó con su mano justo en el momento en que el procesado le disparó con la misma, con la intención de matarle al apuntarle «a una zona vital como es la cabeza». La bala impactó en el salpicadero del coche, debajo del volante. El agresor dijo a los ocupantes del vehículo «fuera de aquí hijos de puta; iros de la playa, no volváis más». Ellos salieron corriendo.
Apareció el arma
El acusado, unos días antes de Sant Joan, entregó a un conocido una bolsa con cables de luz del bar para que los guardase. El receptor, cuando realizaba la mudanza de su casa, halló la pistola detonadora semiautomática, que había sido modificada para que pudiera disparar cartuchos del calibre 6,25. Se trata de un arma prohibida. El procesado no tenía ningún permiso o licencia de armas.
La causa ha sufrido importantes paralizaciones a lo largo del proceso, en ningún caso por culpa del acusado. En concreto, desde que tuvieron lugar los hechos hasta la fecha del juicio pasaron siete años. Por ello, se ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas.
