Roda de Berà, en pie de guerra por el incivismo de unos okupas

Vecinos de La Barquera organizan mañana una protesta para exigir que este colectivo se marche de la zona. Cuentan con el apoyo de todo el Ayuntamiento, que admite hacer todo lo posible para desalojar un chalet, propiedad de la empresa Acciona

14 junio 2021 21:30 | Actualizado a 18 junio 2021 16:45
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Mañana a las 11 horas está convocada una manifestación para protestar contra un colectivo okupa que reside desde hace unos días en el número 15 de la calle Teide, en la zona residencial La Barquera de Roda de Berà.

Los okupas han generado una situación tensa desde que desembarcaron en este barrio hace unas semanas por su conducto, exceso de ruido e incivismo en una zona en la que hay otros okupas que llevan más tiempo y de los que nadie ha protestado porque no "molestan" al vecindario. Sin embargo, este colectivo de la calle Teide es otra historia.

Según han explicado al Diari fuentes bien informadas, primero okuparon un chalet propiedad de la empresa Acciona en el número 3 de esa calle de La Barquera. La casa estaba ya en proceso de venta y según las mismas fuentes consultadas por este rotativo, los okupas acordaron dejar la morada tras alcanzar un acuerdo con la propiedad. La casa quedó libre de intrusos y los nuevos propietarios pudieron instalarse y empezar su nueva vida.

Hace pocos días, los mismos okupas desembarcaron unos metros más allá del primer chalet, en el número 15 de la misma calle Teide. Se trata de un inmueble también de Acciona que no tiene dueño. Este colectivo, que tiempo atrás había okupado una vivienda en Creixell y que es conocido en esta zona del Baix Gaià, provocó el enfado del vecindario.

El exceso de ruido, las muestras de incivismo han creado un clima tenso en el que el Ayuntamiento ha tenido que intervenir dentro de sus posibilidades. Hace unos días se reunió con parte de los vecinos de la zona.

Los vecinos acusaban al consistorio de pasotismo y el alcalde Pere Virgili les hizo ver que de las pocas posibilidades que tienen de poder «invitar» a marcharse de esta casa, las han llevado a cabo todas: presencia policial por si incumplen ordenanzas, petición a las empresas de luz y agua que corten  el suministro, pedir a los propietarios que denuncien la okupación en los juzgados...

«A diferencia de una propiedad a manos de una persona física, la ley tiene otro procedimiento cuando el inmueble es de una empresa. Y no se puede entrar por lo sano y sacar a los residentes, por muy okupas que sean», explica Pere Virgili, que entiende en enfado del vecindario.

A pesar de las explicaciones y de poder presionar para que este colectivo deje un chalet en una zona residencial a pocos metros de la playa, los okupas siguen a sus anchas y sin ninguna intención de abandonar la morada. Otra cosa es si la propietaria del inmueble alcance otro acuerdo con los actuales inquilinos ilegales. Esto es lo que se especula que pretenderían los okupas tras el acuerdo logrado para el primer chalet que dejaron semanas atrás.

Mientras, ante esta situación generada en la Barquera, mañana los vecinos han decidido actuar. Lo hacen con una protesta para visibilizar el problema y el Ayuntamiento en pleno secundará la protesta. El jueves hubo una junta de portavoces para condenar la okupación y apoyar a los vecinos. 

La junta de portavoces

Ayer por la tarde se convocó con carácter de urgencia la Junta de Portavoces en el Ayuntamiento de Roda de Berà para conocer más a fondo y analizar la situación de inseguridad y convivencia generada en estos últimos días por quien han ocupado de manera ilícita dos viviendas en el barrio de la Barquera.

La ocupación irregular de viviendas es un fenómeno en crecimiento y de gran preocupación. Las personas que han ocupado estas viviendas están causando molestias al vecindario al no respetar las mínimas normas de convivencia, creando inseguridad derivada de situaciones como por ejemplo hacer de anfitriones a desconocidos que reciben y socializan en la calle con comportamientos incívicos, o realizar conexiones en los suministros básicos sin ninguna medida de seguridad.

Estas ocupaciones parecen estar organizadas y orquestadas por quienes se aprovecha injustamente de una gran sensibilidad ciudadana por la coyuntura social y económica tan complicada que estamos viviendo.

La sociedad en general y las administraciones en particular tenemos que velar y trabajar por una convivencia justa y equitativa para todos, pero no tenemos que destinar esfuerzos y recursos a quienes busca con estas ocupaciones perpetuar su forma de vida y no un techo para vivir.

Para controlar este fenómeno, es imprescindible la unidad y coordinación de todas las administraciones y de sus responsables. En este sentido, al Pleno municipal del 27 de febrero de 2020 se aprobó por unanimidad una moción por la Seguridad Pública.

Entre los acuerdos más importantes se pedía a la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya medios materiales, económicos y personales para resolver la situación de necesidad residencial real para quien lo necesite, pero al mismo tiempo se instaba a una modificación legislativa urgente para dotar de instrumentos y procedimientos eficaces a la administración local que pudieran evitar las ocupaciones de presuntos delincuentes.

Se pedía la coordinación y cooperación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para trabajar junto a la policía local, que es quien mejor conoce el municipio. Se creyó importante, y así se hizo, la redacción de un protocolo de actuación en caso de que se detectara una nueva ocupación. Se formalizó una mesa de trabajo interdisciplinaria que analiza los nuevos empadronamientos, las ocupaciones y valora las posibles situaciones reales de exclusión social.

El requerimiento a bancos y grandes propietarios de viviendas vacías para inutilizar eficazmente las acometidas de suministros y las entradas a las viviendas para dificultar la ocupación, fue consensuada también, como una herramienta básica de ayuda para erradicar la situación.

Para una mayor difusión de estos acuerdos unánimes se envió copia todas las asociaciones de vecinos del municipio para su conocimiento y difusión.

En la actualidad el Ayuntamiento se persona como perjudicado en los procedimientos penales por ocupaciones en nuestro municipio y promueve procedimientos contencioso–administrativos contra quién ocupando ilegalmente una vivienda y se conecta al suministro eléctrico o de gas generando peligro e inseguridad al resto de vecinos.

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