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El plenario municipal de Salou aprobó ayer el Plan de Integridad y medidas antifraude del Ayuntamiento, que entre otros aspectos contempla la creación de un comité de ética y la adopción de un código de conducta así como el impulso de un buzón ético que tendrá la función de canal de denuncias.
El Plan de Integridad viene dado de acuerdo con una orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública y es obligatorio aprobarlo por entidades ejecutoras del plan de recuperación, transformación y resiliencia europea. Es el caso del Ayuntamiento de Salou, después de que le hayan sido concedidos seis millones de euros de los fondos europeos Nex Generation que le permitirán financiar varios proyectos (la mitad se destinarán a la segunda fase de la peatonalización de la avenida Carles Buïgas).
Todos estos puntos del orden del día contaron con los votos favorables de Sumem per Salou y el PSC, los dos partidos que integran el equipo de gobierno que encabeza el alcalde Pere Granados. Igualmente ambas formaciones aprobaron una declaración institucional de lucha contra el fraude.
Los grupos de la oposición, ERC, C’s y PP, decidieron abstenerse en desacuerdo por cómo debería de haberse planteado una declaración insistucional como ésta. Pidieron incluso la retirada del plenario de ese punto, en base al Reglament Orgànic Municipal (ROM), aunque el alcalde Pere Granados lo mantuvo después de que el secretario municipal no manifestara irregularidad alguna.
Justo antes del plenario municipal los portavoces de ERC (Marsal Curto), Ciudadanos (Pere Lluís Huguet) y el PP (Mario Garcia), denunciaron públicamente en rueda de prensa que «la grave falta de ética, integridad y buen gobierno de Pere Granados y el equipo de gobierno pone en peligro la obtención de los seis millones de euros de financiación europea».
Aseguraron que «la concesión fue anunciada atrevidamente por el alcalde (el 22 de diciembre) al no cumplir en aquel momento todavía los mínimos requisitos de la lucha contra el fraude, plan de integridad y código ético que exige la Unión Europea a las administraciones que obtengan estos fondos», dijeron.
Los tres criticaron además «el uso partidista que se hace desde la alcaldía de la información pública del ayuntamiento. Un ejemplo es la nota de prensa de los plenos del pasado día 23 de diciembre y 14 de enero, según el cual la UE otorgaba 6.000.000 € al municipio, obviando que se procedió a una distribución territorial de los fondos sujetos al cumplimiento de distintos hitos y requisitos, entre ellos, la aplicación de un código ético».
Destacaron igualmente que «la falta de transparencia habitual de Granados y el equipo de gobierno así como la determinación de partidas genéricas en los presupuestos (caso de una de 2,5 millones para gastos diversos no especificados) hacen que su forma de gobernar sean contrarios a los criterios de ética que exige la Unión Europea y pone en peligro precisamente la llegada de esos fondos».
