Este sitio web puede utilizar algunas "cookies" para mejorar su experiencia de navegación. Por favor, antes de continuar en nuestro sitio web, le recomendamos que lea la política de cookies.

Salou insiste en aumentar la regulación de las viviendas de uso turístico

El alcalde, Pere Granados, considera que «sería justo» que este tipo de alojamientos tuvieran mayor contribución a los gastos de la comunidad a la que pertenezca la residencia 

Carmina Marsinach

Whatsapp
Salou tiene registradas 4.855 viviendas de uso turístico a día de hoy.  FOTO: Alba Mariné

Salou tiene registradas 4.855 viviendas de uso turístico a día de hoy. FOTO: Alba Mariné

El Ayuntamiento de Salou insiste en la necesidad de elaborar una mayor regulación para normalizar las viviendas de uso turístico y su impacto en el territorio. Según ha reiterado en distintas ocasiones el alcalde, Pere Granados, «esta actividad genera problemas de convivencia importantes con vecinos y residentes; además de ofrecer un producto turístico sin las garantías profesionales y de servicio que requiere una oferta de alojamiento turístico de calidad». 

Cabe recordar, que a diferencia de los apartamentos turísticos, las viviendas de uso turístico comparten escalera con pisos de primera residencia. Cuando el propietario del inmueble decide alquilarlo por menos de 31 días tiene la obligación de obtener la licencia de Habitatge d’Ús Turístic que requiere la Generalitat. De este modo, puede ofrecer el servicio de forma legal. 

El aumento de las viviendas de uso turístico es un fenómeno con el que se encuentran la mayoría de poblaciones costaneras. Precisamente fue uno de los temas que centró la reunión de La Alianza de Municipios Turísticos Sol y Playa (AMT) celebrada esta semana en Madrid y conformada por las poblaciones de Salou, Lloret de Mar, Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos. ¿Cómo se debe tratar la irrupción de este gran número de viviendas turísticas? ¿Qué alcance pueden tener los entes municipales y locales en el asunto? Este es uno de los principales retos de la administración. 

En el encuentro el alcalde de Salou remarcó que «como ya prevé la normativa autonómica catalana, en caso de que la persona usuaria de la vivienda incumpla los normas básicas de convivencia y las ordenanzas, la propiedad debe requerir el abandono de la residencia en un plazo de 24 horas».

Menos gente en un piso

Granados propuso «limitar el nombre de plazas en el uso turístico de las viviendas por debajo de las que dispone la cédula de habitabilidad». Y planteó que tan solo pudieran haber dos personas por habitación y otras dos más. Además, el edil expuso que «sería justo» que estas viviendas «por el uso más intensivo de ciertas partes comunes del edificio, tuvieran mayor contribución a los gastos de la comunidad»

En general, las destinaciones de la AMT pusieron de manifiesto el incumplimiento de la legislación por parte de algunas plataformas y el «escaso control» para evitar los pisos turísticos ilegales. Un control que consideran que debe ser aumentado «de forma urgente». Por ello, desde la AMT acordaron transmitir al gobierno de España y a las respectivas comunidades autónomas, la necesidad de «normalizar la situación» de las viviendas de uso turístico. Exigen que se tomen medidas efectivas para evitar «la degradación que puede llegar a producirse por el aumento de la economía sumergida, el fraude laboral y el impacto en las garantías de los consumidores».

Según la Guia d’establiments i activitats turístiques de la Generalitat de Catalunya, a día de hoy Salou ya cuenta con 4.855 Habitatges d’Ús Turístic, Cambrils tiene registrados 2.300, Vila-seca 851 , Torredembarra 791, Altafulla 231 y Roda de Berà 267. 

En la última entrevista con el Diari, el presidente de l’Associació d’Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l’Ebre, Joan Calvet, explicó que llevan años luchando contra los pisos turísticos ilegales y de hecho aseguró que este es uno de sus principales retos. 

El sector turístico cree que los consistorios deberían tener capacidad de sanción

El sector turístico considera que si los Ayuntamientos tuvieran capacidad sancionadora en esta materia, los alquileres ilegales se reducirían notablemente. Por ahora, la Generalitat es la única administración que puede sancionar a los propietarios de los pisos turísticos ilegales. Las multas pueden ir de los 3.000 a los 30.000 euros, si son reincidentes. Barcelona es la excepción. En este caso el consistorio puede hacerlo directamente. 

Más recursos 

Asimismo Granados, en la reunión con la AMT también reivindicó más recursos para los municipios turísticos ya que multiplican exponencialmente su población durante la temporada de verano. Reclamó un nuevo sistema de financiamiento específico ya que deben hacer frente a un incremento «espectacular» de sus residentes, que suponen más del 20 % del total de las pernoctaciones turísticas de nuestro país. 

La Alianza de Municipios Turísticos Sol y Playa (AMT), conformada en el 2017 por los ochos municipios españoles que cuentan con más de cuatro millones de pernoctaciones anuales. Uno de sus objetivos es hacer frente a las reivindicaciones comunas del sector de forma conjunta. 

Temas

Comentarios

Lea También