El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
El pleno del Ayuntamiento de Torredembarra aprobó la disolución de las dos empresas municipales creadas en 2013 por el anterior alcalde, Daniel Masagué (CiU), y que nunca llegaron a funcionar. Se trata de la entidad pública empresarial local Torregestió y la sociedad mercantil Serveis Torredembarra 2013, SL. El Estado advirtió al consistorio de que le retendría los 200.000 euros que le aporta mensualmente –cantidad procedente de la recaudación de distintos tributos– si no las anulaba.
«En estos momentos no nos debe nada, pero si la documentación que tenemos que enviar no llega a tiempo, podría ser que nos hiciera la transferencia de abril junto con la de mayo. No perderíamos el dinero, sino que nos lo pagaría un mes más tarde», apuntan fuentes municipales.
Las dos empresas fueron constituidas el 19 de septiembre de 2013. Torregestió estaba enfocada al ejercicio de actividades vinculadas a la ejecución de grandes proyectos, infraestructuras y gestión del urbanismo; y Serveis Torredembarra 2013 a actividades económicas en régimen de libre concurrencia vinculadas a la prestación y gestión de servicios municipales de carácter no esencial.
«Las dos estaban totalmente inactivas y nunca desarrollaron ninguna actividad. De hecho, Torregestió ni siquiera había constituido su consejo de administración», asegura el alcalde, Enric Grangel (PSC).
Primera y última reunión
Para poder disolverlas, el Ayuntamiento tuvo que convocar previamente a sus respectivos órganos de mando. El pasado 30 de marzo constituyó el consejo de administración de Torregestió, formado por el alcalde y los cuatro tenientes de alcalde; y el jueves (minutos antes del pleno) reunió a la junta general de Serveis Torredembarra 2013, compuesta por los miembros del pleno. «La primera reunión de ambas empresas fue para acordar su disolución», manifiesta Grangel.
En el caso de Torregestió, el consistorio ya ha enviado al Estado el certificado conforme ya ha sido liquidada.
‘Ha tardado nueve meses’
Desde la oposición, la concejal no adscrita Montse Gasullcritica que el equipo de gobierno actual haya tardado nueve meses en disolverlas: «Era la primera condición de su pacto y no lo ha cumplido hasta que el Estado no le castigado con dejar de ingresar los 200.000 euros mensuales». Y recuerda que, en su momento, la creación de estas sociedades «no me mereció ninguna confianza porque era inviable y por las manos en las que estaba».
El Ayuntamiento prevé ahorrar cerca de 420.000€ del alquiler de la comisaría
El Ayuntamiento de Torredembarra prevé ahorrar alrededor de 420.000 euros con el alquiler de la nave que alberga la comisaría de la Policía Local -que abrió en junio del año pasado, a pocos días del registro de la Guardia Civil-. Arrendado en 2011 con opción a compra a la empresa Vicsan, es uno de los polémicos contratos del anterior gobierno, con Daniel Masagué al frente, y fue objeto de crítica por parte de la oposición. El importe a pagar cada mes ascendía a unos 10.000 euros. El alquiler es investigado por el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell por un presunto delito contra la administración pública, y por la Fiscalía Anticorrupción.
Según explica el alcalde, Enric Grangel, el actual propietario del local, la Sareb, (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida como ‘banco malo’), es consciente de que el juicio puede durar años y, mientras sea una causa judicializada, el departamento de intervención municipal no permite pagar el alquiler. Ambas partes ya han empezado a trabajar para renegociar otro alquiler «que, por supuesto, no sería de 10.000 euros. En este caso se haría un nuevo contrato razonable, y este sí que podríamos pagarlo», añade el alcalde.
Al quebrar Vicsan, la nave pasó a manos de La Caixa y ahora es del ‘banco malo’. «Curiosamente, en el momento en el que dejó de ser de Vicsan, solo se pagó un alquiler. Después ya nunca se volvió a abonar ninguna mensualidad», observa el alcalde.
El otro local conflictivo, ubicado en la calle Garraf, en el barrio de Clarà, nunca llegó a utilizarse y sigue vacío desde el primer día. El contrato se firmó con la empresa Bambú Torredembarra SL. Primero costaba 6.000 euros mensuales y pasó a unos 4.000 tras una revisión de las condiciones realizada en 2013. El pleno del Ayuntamiento dio por anulados estos acuerdos el pasado enero.
Masagué declaró a principios de este año ante el juez que investiga el alquiler con derecho a compra de las dos naves. El exalcalde volvió a defender ambas operaciones, asegurando que se hicieron velando por el interés económico del municipio. El secretario, en su día, las cuestionó en reiteradas ocasiones. Pero Masagué hizo caso omiso de sus informes. En su declaración ante el magistrado, apuntó que «el secretario es la máxima autoridad en el Ayuntamiento, pero no es Dios». La oposición, en su día, también lo denunció. A pesar de todo lo ocurrido, el exedil siguió defendiendo su decisión y aseguró que «no se ha tirado el dinero ya que se negoció para lograr mejores precios». Negó, además, que se hubiera producido tráfico de influencias.
