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La situación del Ayuntamiento de Torredembarra se ha estabilizado, aunque sigue siendo compleja. Así lo confesó ayer el alcalde, el socialista Enrique Grangel, quien hizo balance de los últimos meses, tras estallar el caso de presunta corrupción. Los problemas económicos y administrativos siguen latentes. «Tenemos cerca de cuarenta expedientes por iniciar contratos por servicios que no existían», lamentó. Y confesó que este hecho conlleva problemas con la Subdelegación del Gobierno, que les presenta contenciosos por pagar facturas sin disponer de contrato. Es una cuestión que, según señaló, ahora se está tratando de solucionar.
Grangel, quien aseguró que su prioridad, hasta las próximas elecciones, es gestionar por encima de gobernar, se mostró satisfecho por haber puesto orden al «desbarajuste» que se encontró cuando asumió el cargo. Desgranó los problemas económicos, desde los 2,5 millones que deben devolver por un crédito ICO, a los 250.000 euros impagados en facturas de electricidad, el retorno de las multas del radar -unos 30.000 euros- o los más de 800.000 que la Generalitat les reclama si no ponen en marcha el auditorio. Precisamente por ello, recordó que ya tienen redactado el proyecto para poner en marcha parcialmente el equipamiento, y que su intención es presentarlo a l Govern la próxima semana. Insistió en que la tesorería pasa por un mal momento. «En un papelito se nos dice que hay cinco millones de euros pendientes de cobrar del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), acumulados desde hace seis o siete años», y cuentan con casi una quincena de quejas del Síndic de Greuges por no responder a sus requerimientos. Ya le han respondido.
El socialista reconoció que las visitas de la Guardia Civil siguen ocurriendo a menudo. Se acercan al Ayuntamiento y piden documentación. «Y es que todo lo que ha pasado aquí es muy complicado y va más allá de Torredembarra», quiso reflexionar Grangel. Pero también se mostró tranquilo: «Yo puedo dormir por las noches perfectamente, y les damos todo lo que nos piden. No tenemos nada que esconder».
Hace un par de meses, el consistorio se presentó como acusación particular en el caso Torredembarra, que sigue bajo secreto de sumario. Precisamente sobre las causas judiciales, Grangel aseguró que lo que más le preocupa es la pieza separada sobre posibles prevaricaciones en los temas que afectan directamente al municipio, como los alquileres, el parking de Filadors -con un desvío de 1,3 millones de euros- o la empresa Efial.
El caso estalló a finales de junio, cuando la Guardia Civil registró el Ayuntamiento y detuvo al entonces alcalde, Daniel Masagué, que dimitió posteriormente desde la cárcel. La investigación dio un vuelco a partir de la denuncia de un extrabajador de Masagué y de la edil Montse Gassull (antes ERC y ahora no adscrita).
