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Un policía de Altafulla podrá seguir de agente a pesar de haber sido condenado

La Audiencia lo sentenció a medio año de cárcel y a ser apartado de la profesión durante dos años. Cuando ocurrieron los hechos estaba en Altafulla.

Àngel Juanpere

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El policía era cabo en Altafulla cuando ocurrieron los hechos.

El policía era cabo en Altafulla cuando ocurrieron los hechos.

Un cabo de la Policía Local de Altafulla que fue condenado a medio año de prisión y a no poder ejercer la profesión durante dos años por haber propinado dos bofetadas a un detenido, podrá seguir ejerciendo mientras se tramita el indulto.

Así lo ha determinado la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona –la misma que lo condenó–.

La sentencia, de fecha 29 de julio del año pasado, recoge que el 22 de abril de 2013 el acusado ejercía de cabo en la Policía Local de Altafulla. Sobre las ocho de la tarde, él y otros cuatro agentes acudieron a un bar al ser requeridos por el dueño.

En el lugar hallaron a un hombre que se encontraba bajo la influencia del consumo de bebidas alcohólicas.

Atendiendo al estado de agitación y alteración del hombre, se procedió por parte de los policías a su reducción, intentando y llegando el mismo a agredir al cabo.

Posteriormente, y a pesar de la resistencia ejercitada por el mismo, lo introdujeron en el vehículo y lo trasladaron a las dependencias policiales, debiendo sacar al mismo mediante la fuerza del coche patrulla, ofreciendo un alto grado de obstacularización de la actuación policial.

En las dependencias policiales

Una vez en el interior de las dependencias policiales, y tras una breve conversación con el hombre, el acusado le quitó las esposas y mantuvo una entrevista con él. Durante la misma –que duró aproximadamente unos quince minutos desde que le retiraron las esposas– el acusado propinó dos bofetadas en la cara a la víctima, según la sentencia.

La Audiencia Provincial de Tarragona, en el auto, recuerda que la ejecución de la pena implicaría para el cabo la pérdida definitiva de su condición de funcionario público.

Por ello, los magistrados entienden que ateniendo a la pena impuesta y a las propias circunstancias personales, familiares y laborales, la ausencia de antecedentes penales y, por último, la reparación del daño «es de justicia y equidad que debería otorgarse la solicitud de suspensión interesada por la defensa del penado».

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