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La comunidad de propietarios Villajardín, ubicada en la avenida Vilafortuny de Cambrils, tiene una cita con los juzgados de Reus el próximo martes, día 19, para intentar recuperar los 3.400 euros que corresponden a los gastos judiciales que sufragaron para echar a una pareja de okupas en verano de 2016.
La comunidad asumió esta cantidad económica para que se ordenara el corte de los suministros de agua y luz, previamente conectados de forma ilegal en el número 59 de la avenida de Vilafortuny, y seguidamente tuvo que hacer frente a las costas de un procurador y un abogado.
Esta cantidad facturada y pagada en su día es la que estos vecinos cambrilenses confían en recuperar de la entidad Sabadell Real Estate Development, empresa vinculada al Banc Sabadell, quien durante la okupación de esa vivienda era titular de la misma y, según los vecinos y un escrito a los juzgados no hizo nada para «echarlos» dejando el «problema» al resto de propietarios de Villajardín.
Conciliar antes de un pleitear
La comunidad admite que intenta agotar todas las vías de diálogo para evitar un pleito y el acto de conciliación programado en los juzgados de Reus del próximo martes busca alcanzar un acuerdo para recuperar este dinero invertido en la desokupación de la casa en 2016.
Las sensaciones de los vecinos es que no hay predisposición de la sociedad en resolver el asunto (abonar la cantidad adeudada) y que si hace cinco años ya renunciaron a llevar a cabo acciones civiles y penales contra los okupas, mucho se teme que tendrán el mismo interés (nulo) en abonar los costes que sufragó la comunidad para echarlos del chalet donde se habían instalado
El número 59 de la avenida Vilafortuny ya generaba fricciones con la comunidad de propietarios de Villajardín porque tenía cuotas sin pagar desde 2013, según confirman los interesados. En aquellos años, la misma sociedad era titular de la vivienda: Sabadell Real Estate Development (del grupo Solvia). Sin embargo, el problema mayor se generó en agosto de 2016 cuando en la tarde del día 9 se colaron dos personas y okuparon la casa,.
Los propietarios, a medida que conocieron la noticia, intentaron evitar esa intromisión ilegal. Las dos personas pincharon luz y agua y amenazaron a todo aquel que osara molestarles. De hecho, hay pendiente una acción penal contra los dos okupas que todavía no ha llegado a juicio, según confirman fuentes de la comunidad de propietarios.
La comunidad presentó una denuncia en el juzgado de instrucción número 4 de Reus (procedimiento penal pendiente). Paralelamente se pidió la desokupación de la vivienda, una autorización judicial que llegó el 31 de agosto de 2016. El auto impedía a los okupas acercarse a algunos de los vecinos que habían sido amenazados y de paso, se pudo cortar el agua y la luz de las conexiones ilegales.
La vivienda se vació y poco después se vendió a un particular, eliminando otro intento de okupación. Los nuevos vecinos de la comunidad se han integrado y están al corriente d epago, pero han quedado pendientes estos 3.400 euros usados en su día para desokupar la vivienda. Los vecinos consideran que gracias a su esfuerzo, la casa pudo aumentar de valor y dar mayor beneficio a la sociedad Sabadell Real Estate Development en la venta.
