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Ya son 270 las víctimas del presunto fraude del notario de Cambrils

El número de afectados se ha disparado casi los tres centenares. La aseguradora valora ahora el volumen de los daños para dar cobertura. El fraude supera los seis millones

Raúl Cosano

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La notaría de Rafael Martínez, en Cambrils.  Foto: alba mariné

La notaría de Rafael Martínez, en Cambrils. Foto: alba mariné

La cantidad de afectados por las prácticas irregulares del notario de Cambrils Rafael Martínez Olivera, fallecido el pasado mes de mayo, alcanza ya las 270 personas. La cifra corresponde a las reclamaciones que ha aglutinado en los últimos meses el Col·legi de Notaris de Catalunya, el ente que ha recepcionado estas quejas, que han ido en aumento y cuyo goteo aún no se ha detenido.

El colegio sigue trabajando al respecto para dar una respuesta a aquellas personas que han reclamado. El caso, que en su momento afectaba a unas pocas decenas de personas, ha atrapado ya al menos a casi tres centenares de ciudadanos que eran clientes del notario acusado de estafa.

En estos momentos aún se mantiene habilitada una línea telefónica específica de atención directa, así como un refuerzo al servicio de atención al usuario para atender las incidencias presentadas por los posibles afectados.

Mediante este servicio, se facilita toda la información necesaria alrededor de la documentación que hay que presentar al mismo colegio, así como de las gestiones que se tienen que llevar a cabo en el Registro de la Propiedad y la oficina liquidadora. En este tiempo, también los Mossos han ido recogiendo denuncias de personas que habrían sido estafadas por el notario fallecido.

Rafael Martínez, acusado de estafa, apareció ahorcado en una zona boscosa cercana a la playa del Torn de L’Hospitalet de l’Infant. Las primeras hipótesis de la investigación apuntaban a un suicidio.

Una de las cuestiones principales a resolver será si los afectados podrán recuperar las cantidades invertidas. En ese sentido, el Col·legi de Notaris de Catalunya ya ha mantenido reuniones con la entidad aseguradora con el objetivo de dar cobertura a los afectados. A estas alturas, la compañía está procediendo a realizar el inventario correspondiente para valorar el volumen de los daños que se han ocasionado, según cuenta el Col·legi. La entidad recuerda que los notarios gozan de mecanismos eficaces para evitar perjuicios a los usuarios del servicio notarial, tal y como se ha hecho en las «escasísimas ocasiones en que se han sucedido situaciones similares».

Sin embargo, no todas las voces son igual de optimistas en ese sentido. Algunos profesionales del gremio desconfían de que la cobertura pueda ser efectiva en estos casos tan extremos y graves. «Habrá que ir expediente por expediente y mirar todos los casos. Nosotros somos los más interesados en que esto se resuelva y se tomen las medidas, porque puede perjudicar nuestra imagen y es un problema que nos afecta a todos. Hay seguros para poder responder cuando hay problemas, pero habrá que mirar en esta situación si se pueden hacer efectivos», explica un profesional del gremio en Tarragona.

Desde que se destapó el caso, el fraude millonario planeó sobre la notaría cambrilense, una de las más activas en la provincia. Desde el principio, las investigaciones apuntan a un posible aprovechamiento, durante años, de las provisiones de fondos de los clientes para pagar los impuestos (como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) derivados de operaciones como compraventas de inmuebles, herencias o inscripciones registrales. La Agencia Tributaria también abrió en su momento una investigación para esclarecer los hechos.

Las sospechas apuntan a que el notario habría hecho uso del dinero, que se le entregaba al notario mayoritariamente mediante cheques al portador, para cubrir algunas de sus necesidades personales. Después de meses de investigación, los Mossos detuvieron el 18 de abril a Rafael Martínez Olivera por presunta estafa en relación con esas provisiones, importes que el notario debe satisfacer a terceros en nombre de su cliente. El notario se acogió a su derecho a no declarar en comisaría y la detención quedó sin efecto pocas horas después, con la obligación de que se presentara ante el juez cuando fuese requerido. Según fuentes próximas al caso, el notario acumulaba denuncias, la mayor parte de clientes extranjeros, por esas presuntas irregularidades en las provisiones de operaciones de compra y venta de apartamentos y chalets.

También en mayo, la junta del Col·legi de Notaris de Catalunya aprobó solicitar al Ministerio de Justicia, que es quien tiene la competencia, la medida de suspensión provisional y cautelar de funciones de Martínez Olivera, «ante posibles indicios de una práctica notarial irregular».

En su momento, cuando salió a la luz el caso, hubo cierta alarma social. Numerosos clientes se mostraron preocupados y se dirigieron al Registro de la Propiedad para comprobar si en su día se llevó a cabo el cambio de titularidad de sus propiedades, ya que la situación de irregularidades podría alcanzar a los compradores. En lugar de liquidar los correspondientes impuestos, el notario se habría apropiado, siempre presuntamente, del dinero. Rafael Martínez Olivera apareció ahorcado unos días después, el pasado 25 de mayo, y las pesquisas policiales apuntaban a un suicidio.

El Col·legi recuerda la confianza social y el prestigio de la profesión e indica que los indicios de una práctica notarial irregular se muestran «muy excepcionalmente». Asimismo, el colegio profesional resalta que los notarios garantizan la «imprescindible seguridad jurídica necesaria para los negocios jurídicos, así como desarrollan una destacada labor en la protección de los ciudadanos».

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