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El delegado de Gobierno puso en 2017 un contencioso administrativo contra una serie de decretos del Ayuntamiento de El Vendrell que se hicieron para pagar facturas que ascendían a 2 millones de euros.
La denuncia advertía que eran facturas correspondientes a contratos vencidos o menores que deberían haberse hecho por licitación. La Delegación de Gobierno pidió la nulidad destacando que los decretos tenían informe negativo del interventor municipal.
Ahora hay una condena en firme que anula 19 decretos de alcaldía del Ayuntamiento ordenando pagos por importe de 2 millones de euros.
Som Poble-ERC, en la oposición, pide la convocatoria de un pleno extraordinario para «dilucidar responsabilidades» y los efectos que de la condena. Señala que hace referencia a pagos de 2016 «pero el procedimiento viciado que la ha provocado se ha aplicado durante los años siguientes y se continua empleando hoy en día».
Los servicios
Los pagos fueron para servicios de limpieza viaria, gestión de las piscinas municipales, la grúa, servicios informáticos, de vigilancia, mantenimiento de ascensores o de las guarderías.
El grupo de la oposición que reclama un pleno para aclarar la situación denuncia que «después de cinco años todos estos servicios se siguen pagando de la misma manera y a los mismos proveedores. Es decir, de manera ilegal».
Som Poble-ERC asegura que «en los dos últimos años y medio el actual gobierno ha pagado con informes negativos de intervención más de 7.000 facturas de unos 500 proveedores por un valor aproximado de 20 millones».
Tras la denuncia de la Delegación de Gobierno por los contratos, el juzgado Contencioso le dio la razón en primera instancia en mayo de 2019. El recurso que presentó el Ayuntamiento fue desestimado por el Tribunal Superior en abril de 2021 y la sentencia fue firme en septiembre. Además condena al Ayuntamiento apagar las costas judiciales de 2.000 euros.
Cuando se conoció la denuncia el entonces alcalde Martí Carnicer dijo que el interventor señaló una serie de contratos que habían finalizado y debían actualizarse. Entonces se renovaban de manera provisional. Quedaron contratos pendientes de regularizar pero los trabajos estaban hechos y por ello se pagaron, como defendió el alcalde. El pago se ordenó mediante decreto.
Efectos
En 2016 eran 48 los contratos pendientes de regularizar con servicios que se mantenían con prórrogas. Carnicer señaló que era un procedimiento habitual en las administraciones.
Som Poble-ERC pide el informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento sobre las responsabilidades y perjuicios que ha podido suponer el procedimiento. También pide que se informe del programa de contrataciones y licitaciones que resuelva cada uno de los contratos denunciados. El partido reclama que la comisión informativa de Servicios Centrales reciba un informe mensual sobre la situación de las facturas pagadas.
El pleno extraordinario debe celebrarse al estar solicitado por una mayoría de concejales. Som Poble-ERC lamenta que el gobierno no informase de la situación cuando la conoció en noviembre.
Los efectos de la sentencia deben determinarse ya que de hecho señala que los pagos realizados son nulos por lo que incluso podría llevar a que el consistorio reclamase el dinero, aunque posteriormente volviese a abonarlo con la necesaria justificación de los servicios realizados.
