El uso abusivo de los puntos de recarga eléctrica obliga a los ayuntamientos a poner límites

En los últimos años se han convertido en un elemento habitual de nuestras ciudades y su presencia va a estar cada vez más extendida en el espacio urbano, en detrimento de las tradicionales gasolineras. Las estaciones de recarga para vehículos eléctricos son un servicio que cada vez ofrecen más municipios. En el triángulo que conforman Cambrils, Salou y Vila-seca existe una veintena de estos cargadores de propiedad municipal. Se trata de un servicio que se ofrece de forma gratuita a los propietarios de estos coches enchufables. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha detectado que en muchas de estas plazas se produce un uso abusivo por parte de algunos conductores que ocupan la plaza durante mucho más tiempo del que es estrictamente necesario para completar la carga del vehículo.

Para intentar poner freno a este tipo de prácticas e incentivar que realmente haya una rotación de coches en estos puntos, los ayuntamientos han empezado a poner orden y regular el uso de estos aparatos introduciendo mecanismos de pago. Así, en Salou han aprobado de forma inicial una nueva ordenanza que pone precio a la energía que se consuma en las estaciones de carga, mientras que en Cambrils, estas plazas se convertirán en zona azul y habrá que pagar el tiempo que se esté estacionado cargando el coche.

El Ayuntamiento de Salou aprobó en el último pleno la imposición de una ordenanza que regule los precios públicos de la recarga eléctrica en los puntos de carga municipales, un servicio que hasta ahora ofrece de forma gratuita. Esta ordenanza establece que cada coche podrá estar estacionado un máximo de dos horas diarias en una de estas plazas y, si una vez superado este tiempo, aún necesita más tiempo de carga, podría trasladarse a otra de las estaciones municipales. En caso de no hacerlo, explican desde el consistorio, se podrá multar al conductor.

«Ésta es una reivindicación de los propios usuarios, que ven que se está utilizando de manera fraudulenta estos estacionamientos cuando no es el fondo de la cuestión. Debe haber una rotación de vehículos para que puedan cargar todos», expuso el concejal de Hacienda de Salou, Yeray Moreno. Otro objetivo de la ordenanza, detalló, es «poder garantizar y mejorar la calidad del servicio en cuanto creamos necesario». En este sentido, el Ayuntamiento de Salou ya trabaja en la ampliación de la red de puntos de recarga del municipio, que actualmente dispone de ocho cargadores en tres ubicaciones distintas.

Desde la oposición criticaron que esta propuesta no fuera acompañada de la normativa necesaria para sancionar este tipo de abusos. «Se aprueba un precio público, pero seguiremos teniendo la misma problemática», alertó el portavoz del PP, Mario García, «no existe un mecanismo legal que regule la posible sanción por hacer un uso fraudulento de ese espacio de la vía pública». En la misma línea, el portavoz de ERC, Marçal Curto, lamentó que «llegamos a un consenso para cobrar los kWh que consumen estos vehículos, pero no se tramita en paralelo cómo poder sancionarlos en caso de que excedan el tiempo».

40 céntimos el kWh

En cuanto al coste, la ordenanza establece que a partir de 2023, los usuarios tendrán que pagar 0,40 euros por kWh. Teniendo en cuenta que la capacidad más habitual de las baterías de los coches eléctricos oscila entre los 40 y los 80 kWh, el precio por cargar completamente uno de estos vehículos podría suponer un coste de entre los 16 y los 32 euros.

Por su parte, Cambrils aprobó en septiembre las ordenanzas fiscales para 2023, donde se establece que las zonas de carga de vehículos eléctricos pasen a ser zona azul. «Es una medida para evitar los agravios comparativos. Los usuarios de este tipo de vehículos cargan el coche gratuitamente y pueden estar horas aparcados, también gratis», explica el concejal de Hacienda, David Chatelain.

Para el edil, que a partir de enero las plazas de carga eléctrica funcionen igual que la zona azul ayudará a educar a los usuarios de los coches eléctricos y que dejen de abusar de este servicio gratuito. «La gente tiene que tener cuidado con estos estacionamientos porque la estancia mínima es de 45 minutos para cargar el vehículo y hay muchos que los dejan horas. Lo que no podemos hacer es llenar las calles de zonas de carga porque es inviable. Por ello, pedimos que se haga un uso adecuado del servicio», afirma Chatelain.

El concejal avanza que, además de cobrar por el estacionamiento, en un futuro se analizará también el pago por la electricidad consumida. Añade, además, que la mayoría de usuarios son turistas que visitan la localidad. «Los cambrilenses que son propietarios de estos coches ya tienen en sus casas sus cargadores», señala.

En este sentido, los problemas de abuso en estas plazas se agrava al tratarse de municipios turísticos, donde ya de por sí el aparcamiento es un problema, sobre todo en los meses de verano. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Vila-seca explican que no existe una regulación al respecto ni se está trabajando en ello. Cabe recordar que Vila-seca cuenta actualmente con dos puntos de carga. Uno de ellos se encuentra en el aparcamiento soterrado del CAR y otro en la zona azul de la avenida Pau Casals, en La Pineda.

Avances en otras localidades

Otros municipios de la Costa Daurada, como Mont-roig del Camp o Torredembarra, sí que han dado pasos ya de cara a regular el uso de estas instalaciones públicas. En el caso de Mont-roig, el gobierno municipal aprobó en el último pleno una nueva ordenanza que regulará los precios públicos para el uso de los puntos de recarga de propiedad municipal que hay en la localidad.

Mientras, desde el Ayuntamiento de Torredembarra explican que ya se ha encargado un informe a la Policía Local que sirva para redactar una ordenanza que establezca por primera vez un sistema de pago para estos puntos.