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El inspector jefe de la Policía Local de Tortosa, Jesús Fernández Gómez, y el jefe de la Guardia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat, Francisco de la Torre, son dos de los nuevos imputados por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell por realizar contrataciones irregulares en el Ayuntamiento de Torredembarra en 2009. Josep Gili, actual inspector jefe de la Policía Local de la Torre, también está imputado y, de hecho, sería uno de los beneficiarios de los amaños realizados en el proceso de selección para trabajar en el consistorio.
El alcalde de Tortosa, Ferran Bel, apuntó ayer que «es paradójico que el Ayuntamiento y el propio afectado nos hayamos enterado de la imputación por los medios de comunicación». Asimismo, Bel quiso ser claro y reafirmó su «total confianza» en Fernández al frente de la Policía Local, señalando que «es un ejemplo de profesionalidad y honorabilidad».
Josep Gili, que está de baja desde el pasado mes de octubre, aseguró ayer a este rotativo que no está informado de nada y que también se enteró de su imputación por la prensa. El inspector jefe de la Policía de la Torre explica que «en 2006 crearon la plaza de inspector y se trajeron a un subinspector de Tarragona cuando, por cierto, gobernaban los socialistas. Lo tuvieron en el cargo dos años, como marca la ley, y en 2008 la sacaron a concurso. Pero suspendió. En 2009 convocaron un nuevo concurso, me presenté y lo gané. Yo no conocía nada de Torredembarra y no hice nada más que presentarme a una oposición».
Además de Gili, las otras personas que habrían conseguido estas plazas supuestamente de forma irregular son Montserrat Córcoles, Esther Agulló y Vicenç Ruiz.
Estas informaciones se conocen desde que el juez Josep Bosch ha levantado el secreto de sumario de una nueva pieza del caso de presunta corrupción que estalló en junio del año pasado en esta localidad del Baix Gaià. En el auto, sostiene que los imputados habrían maniobrado para intervenir en las contrataciones de cuatro cargos públicos en 2009: una plaza de técnico de administración general (funcionario que realiza tareas administrativas de nivel superior), una de técnico para el área de servicios económicos, otra de ingeniero para obras públicas y finalmente subraya que habrían manipulado el proceso de selección para cubrir la plaza de inspector jefe de la Policía Local, que recayó en Gili.
Otras personas que imputa el juez en esta pieza son Antonio Martos (presidente de Efial, cuyos negocios con los ayuntamientos de L’Ametlla de Mar y Ascó también están bajoinvestigación judicial), Ramón Cuadrado (director de Efial) y Antonio Carné, vinculado también a la consultora. Además, imputa a Luis Lacruz (responsable del Servicio de Carreteras de la Generalitat en Tarragona), Maria Teresa Llor y Antonio Muñoz (ambos interventores del Ayuntamiento de Barcelona). Entre ellos, también a los abogados Xavier Xifrà y Òscar Bru.
También cita a declarar como imputados al exalcalde Daniel Masagué, a su mano derecha, Francisca Felguera y a los exediles Santi Ardèvol y José Oviedo. Los también exconcejales Pere Font, Èlia Rodriguez, Ignasi Duran y Juan Pérez ya no están imputados en esta pieza del caso. Tampoco el empresario local Blas Niubó.
