Los servicios sociales de Vila-seca se trasladarán este diciembre al nuevo local

Vila-seca estrenará este diciembre el nuevo equipamiento para los servicios sociales que se ha habilitado en un local de la calle Major, a escasos metros del Ayuntamiento. Este nuevo espacio servirá para unificar en una misma oficina todos los servicios que ofrece el área de Drets Socials a nivel municipal: Acció Social, el Servei d’Ocupació y la Oficina Local d’Habitatge. Unos departamentos que solo en 2021 llevaron a cabo más de 17.000 atenciones de forma presencial.

Las obras del nuevo local, que han supuesto una inversión de 400.000 euros, ya han finalizado. A partir de hoy, se empezará a equipar con todo el mobiliario y únicamente faltará la rotulación y trasladar los diferentes servicios para poner en marcha la oficina. Los trabajos para adecuar el espacio empezaron a mediados de 2021, pero se han alargado más tiempo de lo previsto después de que la empresa adjudicataria quebrara, lo que provocó que las obras estuvieran paradas durante meses. Aunque la fecha exacta todavía está por definir, la previsión es que se comience a atender a las personas en la nueva sede unos días antes de las fiestas.

El local que albergará el área de Drets Socials, con una superficie de 470 metros cuadrados, forma parte de una edificación de nueva planta en pleno Centre Històric. Ubicado entre los números 12 y 16 de la calle Major, el equipamiento ocupa todos los bajos del inmueble, con acceso al público desde la calle Major y una entrada para trabajadores que se ha abierto en la parte posterior, en la calle Patró.

Una treintena de profesionales de diferentes perfiles desarrollarán su actividad en este espacio, que triplica prácticamente la capacidad del actual local de Benestar Social, en la avenida Verge de Montserrat. Así, la oficina contará con un espacio de trabajo con mesas para 24 técnicos, además de cuatro despachos y cuatro personas más que atenderán la recepción. Entre los perfiles, se incluyen algunos de los que se han incorporado estos dos últimos años, como son el técnico de desarrollo comunitario o la psicóloga de Serveis Socials. Hasta ahora, todos estos trabajadores estaban repartidos por diferentes espacios, como centros cívicos, el Antic Hospital o el Espai Jove.

«Esto no es solo un edificio, es la culminación de un proyecto», señala la concejala de Acció Social de Vila-seca, Lucía Teruel. «Queríamos dar una atención integral a todas las personas y disponer de espacios para ello. Eso quiere decir que una persona que entra en nuestro sistema es atendida por un equipo interdisciplinar de profesionales en un mismo sitio. Alguien que entra en los servicios sociales puede tener problemas de vivienda, de trabajo, de formación, de género... Ahora todos estos profesionales trabajarán conjuntamente», explica.

El local, que abrirá en unas tres semanas, cuenta con grandes cristaleras y acabados en madera que ya se pueden apreciar desde el exterior. En cuanto a la distribución, una gran recepción y una sala de espera para los usuarios dan la bienvenida al equipamiento. En los laterales se sitúan seis salas de entrevistas y cuatro despachos. Además, también hay una sala de reuniones dotada con la última tecnología, así como una gran sala diáfana de trabajo y un office para el personal. «Cómo atender a las personas es básico. Para nosotros era una prioridad disponer de una recepción amable y un sitio de espera de calidad», señala la concejala.

Reclamación a la Generalitat

El Ayuntamiento de Vila-seca asumió la gestión de los Servicios Sociales hace dos años, aunque no fue hasta el mes pasado que se aprobó el contrato programa con la Generalitat de Catalunya para su financiación. Sin embargo, el departament de Drets Socials concedió tan solo unos 500.000 euros anuales a Vila-seca para el período 2022-2025, una cantidad que desde el gobierno municipal consideran «totalmente insuficiente». Es por ello que en el último pleno celebrado el viernes se aprobó presentar una reclamación ante la comisión de evaluación y seguimiento del contrato programa para exigir que la Generalitat «cumpla sus obligaciones de financiación».