Piden la absolución para el joven de El Vendrell detenido en la huelga de 2012

Está acusado de desórdenes y desobediencia. El joven lo niega. El juicio es entre los próximos 9 y 11 de marzo

19 mayo 2017 23:35 | Actualizado a 22 mayo 2017 11:35
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El Ayuntamiento de Barcelona pide para el vecino de El Vendrell Ismael Benito 4 años de prisión y una multa. La Generalitat, 3,5 años de cárcel y multa y la Fiscalía 8 años de prisión y 6.000 euros de multa. Las acusaciones son por la detención de Benito durante la jornada de la huelga general del 29 de marzo de 2012.

Tras dos años de instrucción por parte de la juez Carmen García Martínez, que también llevó el caso del 4F que ha recordado el documental Ciutat Morta, entre los próximos 9 y 11 de marzo está previsto el juicio, que presidirá otro magistrado.

Ante la inmimencia del juicio Som Poble ha iniciado en El Vendrell una campaña para reclamar la absolución de Benito y de Daniel Ayyash, que fue arrestado en la misma jornada y a quien se le imputan los mismos delitos.

Ismael Benito se muestra convencido de su inocencia y «jurídicamente tranquilo». El joven de El Vendrell, estudiante de Física y de ingeniría electrónica en la Universitat de Barcelona, niega todas las acusaciones que le imputan de atentado a la autoridad, desorden público y resistencia y desacato.

Benito y Ayyash pasaron 34 días en prisión ya que la jueza consideró que podían ser un peligro ante eventos que iba a vivir la ciudad como el 1º de Mayo, un partido entre el Barça y el Espanyol y una cumbre de dirigentes mundiales.

Sin embargo, la Audiencia de Barcelona consideró desproporcionada esa medida preventiva y decretó la libertad para los detenidos. La instrucción del caso ha seguido y ahora llega el momento del juicio.

 

Apoyo del Ayuntamiento

Som Poble pide el apoyo de los partidos políticos de El Vendrell como ya hicieron diferentes instituciones como facultades de la Universitat de Barcelona y profesorado de los jóvenes. La movilización es para reclamar la absolución delos dos imputados por unas acusaciones que Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat y Fiscalía denunciaron desde el primer momento.

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