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Frente común de Altafulla, Torredembarra, Creixell, El Vendrell, Calafell, Cunit y Roda de Berà para pedir la ampliación de la gratuidad de la autopista AP-7 entre Altafulla y El Vendrell, aunque lo ideal sería que llegase a Vilafranca del Penedès.
Representantes de los municipios, además de senadores y diputados de CiU, PSCy Entesa Catalana, reclaman la medida y piden una reunión con la ministra de Fomento, Ana Pastor, para antes de Semana Santa.
El alcalde de Altafulla, Fèlix Alonso, destaca que el colapso de la N-340 «es un problema estatal». Y es Fomento quien tiene la solución para evitar la siniestralidad y daños a los municipios que ven cómo caminos locales se convierten en vías alternativas para evitar la carretera.
Pacto de Berà
Lo que se bautizó como Pacto de Berà pide alargar la gratuidad de la autopista como desde hace años es entre Salou y Altafulla. Esa medida se tomó mientras se realizaba la obra de la autovía A-7. La vía rápida está acabada y la gratuidad sigue en la AP-7, lo que es un agravio para una zona que ahora reclama un trato igual.
Los municipios del Pacto de Berà carecen de autovía y ven cómo la N-340 es un peligro. Fomento plantea para descongestionar la carretera fijar bonificaciones en la AP-7 a los camiones para sacarlos de la N-340.
Pero esa medida no resolvería el problema. El alcalde de El Vendrell, Martí Carnicer, señala que, más allá de la idoneidad que suponga la medida para el sector, no soluciona los problemas de la carretera porque la saturación es de turismos.
Eso es lo que se pretende explicar a la ministra. No se ha podido porque a las reiteradas peticiones para el encuentro, el territorio no ha recibido respuesta alguna.
‘Lo más lógico’
A falta de una vía rápida alternativa a la N-340 que sea gratuita y segura, ya que la autovía planificada por el Ministerio de Fomento no tiene fecha de inicio de obras, la opción reclamada es canalizar el tránsito por la AP-7.
La vía de pago en algunos tramos va incluso paralela a la actual N-340. Los representantes del Pacto de Berà señalan que la autopista tiene capacidad para asumir esa circulación e incluso llegado el caso podría ampliarse en carriles, ya que hay terreno. El uso de la autopista o su ampliación resultaría mucho más económica que lo que invierte el gobierno central en autovías con mucha menos intensidad de tránsito. O incluso en lo que costaría a nivel económico y de impacto sobre el territorio hacer la autovía proyectada.
Indemnizar o negociar
Habría que pagar a la concesionaria de la autopista Abertis por el incremento de tránsito que tendría canalizado desde la carretera. Pero en el Pacto de Berà destacan que a la gestora de la autopista le quedan sólo 6 años de concesión. En este sentido, las posibilidades de acuerdos son muchas. Y más cuando las propone un gobierno central que es titular de otras vías en el Estado o puede ofrecer incrementar los años de concesión como alternativas de compensación.
Lo que no aceptará el territorio es un cambio de cromos y pasar la gratuidad que ahora hay entre Salou y Altafulla a entre Altafulla y El Vendrell. No se aceptaría porque la autovía en el Tarragonès no está totalmente desdoblada y soporta mucho tránsito.
El alcalde de Altafulla destacó que el Pacto de Berà está abierto y dice esperar a diputados y senadores del PP. Ningún miembro del partido estuvo presente en la mesa de trabajo de ayer.
Hace meses que los representantes municipales mantienen encuentros para la reivindicación, pero ante la falta de respuestas escenificaron la unión a pie de la N-340.
De momento no han servido las proposiciones de los municipios a través de sus parlamentarios y senadores o los planteamientos de enmiendas de los presupuestos para que se cuantifique lo que supone que la AP-7 sea la alternativa de paso segura. «La N-340 es una carretera de titularidad estatal y el Estado se está desentendiendo», lamentan.
