La Fiscalía ha abierto un expediente gubernativo para intensificar el seguimiento y control ambiental de las playas de Tarragona, con especial atención a La Pineda, tras el archivo de la investigación sobre los vertidos de microplásticos (pellets) ocurrido en septiembre del año pasado. La causa fue cerrada por la imposibilidad de identificar el origen ni el momento exacto del vertido.
Desde el archivo, el fiscal de Medio Ambiente mantiene reuniones trimestrales con los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y los Agents Rurals para analizar muestras recogidas, con el objetivo de crear una base de datos que permita evaluar la situación. La fiscal jefe de Tarragona, María José Osuna, ha declarado en una entrevista a la ACN que, si logran determinar el origen de los vertidos, no descartan reabrir una investigación penal.
Osuna explicó que estas reuniones buscan conocer el impacto ambiental de los pellets en las playas de Tarragona, Salou y Vila-seca, siendo esta última la más afectada. “Queremos saber si cambia la composición y qué componentes contienen para poder elaborar un estudio detallado”, señaló. Aunque actualmente tiene un carácter administrativo, la fiscal advirtió que no se puede descartar un impacto penal en el futuro: “Nunca se sabe”, subrayó.
La investigación inicial, cerrada en septiembre de 2024, comenzó el 16 de enero de ese año, a raíz de vertidos de pellets detectados en las costas atlántica y cantábrica en diciembre de 2023. En ella se inspeccionaron doce empresas del entorno industrial tarraconense, entre ellas Repsol Química, Katoen Natie y Berry Globals. Sin embargo, la Fiscalía concluyó que no se halló un vertido con entidad suficiente para sostener una conducta delictiva.
Entre las dificultades destacadas se encuentra la complejidad de atribuir responsabilidades en áreas donde varias empresas comparten espacios físicos e infraestructuras de aguas pluviales. “No teníamos suficientes datos concluyentes. Ahora estamos implementando un control más exhaustivo para, en el futuro, poder identificar con precisión el origen de estos microplásticos”, defendió Osuna.
La fiscal también resaltó que este tipo de control periódico puede motivar a las empresas químicas de la zona a adoptar medidas preventivas. “Es importante que las compañías sepan que las estamos vigilando; con eso quizás ya sea suficiente para que tomen las acciones necesarias y eviten que estos hechos se repitan”, concluyó.
