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Edgar Larrota y su pareja tienen de plazo hasta el 16 de mayo para abandonar su piso, en Vila-seca, donde viven desde 2007 con sus dos hijas mellizas de siete años. Ya no les pertenece, ahora es del banco, de Ibercaja. En julio de 2014 iban a ser desahuciados, pero se libraron gracias a la moratoria para personas en situación de vulnerabilidad y a la colaboración de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Pactaron con la entidad financiera quedarse diez meses más en el piso. Ahora, Larrota ha recibido una denuncia de Ibercaja por coacciones durante los actos de protesta organizados entonces por la PAH en sus sucursales de Vila-seca y Tarragona. Tendrá que declarar en el juzgado el 25 de febrero. También ha sido denunciada Rosa María Rodríguez, portavoz de la PAH Tarragona. Está citada el día 18.
Larrota está en el paro desde 2010. Era albañil. Ha agotado el subsidio por desempleo y la ayuda de 426 euros. Su pareja tampoco trabaja. En su casa no entrar ningún ingreso. «Dejamos de pagar la hipoteca a finales de 2013 y en marzo ya teníamos la orden desahucio. Era una cuestión de supervivencia: si pagábamos el piso –la cuota de la hipoteca era de algo más de 800 euros– no nos quedaba dinero para comer», afirma Latorra.
Ibercaja les reclamó inicialmente una deuda de casi 60.000 euros, a pesar de haberles quitado el piso por impago. Tras las protestas y negociaciones con la PAH, el banco se comprometió por escrito a rebajarla a 5.000 euros. «Durante nueve días realizamos concentraciones en sucursales de Ibercaja. Fueron pacíficas. No hubo ni una mala palabra hacia los empleados del banco. Por eso me sorprende que me haya denunciado el director de la oficina de Vila-seca. Incluso me disculpé con él por las molestias que les estábamos ocasionando», sostiene Larrota, que confía en que la denuncia sea finalmente desestimada. El director de la entidad financiera declinó ayer hacer declaraciones al Diari sobre este asunto.
En busca de empleo
Larrota considera, en todo caso, que las coacciones serían por parte de Ibercaja: «Nos dijeron que quitarían las denuncias si nos comprometíamos a no hacer más acciones en sus sucursales. Nos negamos porque la PAH tiene abiertas otras causas con esta entidad».
El hombre, de cincuenta años, está buscando empleo para poder dejar el piso e irse de alquiler con su familia a otro sitio. Si no encuentra nada, asegura que no abandonará su casa en mayo. «Entendemos que el piso ya no es nuestro –salió a subasta hace casi un año–, pero si no tenemos adónde ir seguiremos allí. Si fuese yo solo me buscaría la vida como fuera, pero no puedo irme a la calle con dos niñas pequeñas», dice. Ha tanteado la posibilidad de acceder a un alquiler social, «pero ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Vila-seca nos han dado una solución».
