Un instituto de Vila-seca, obligado al 25% de castellano

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya impone el porcentaje en el aula del instituto a la que acude el hijo de la familia demandante y modifica el proyecto lingüístico del centro

| Actualizado a 05 enero 2022 10:45
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El instituto de Vila-seca Ramon Barbat Miracle deberá modificar su proyecto lingüístico tras la última sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en relación a la inmersión lingüística vigente en Catalunya, un fallo avanzado ayer por El Periódico. Según se hizo eco también la entidad Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) a través de un comunicado en su cuenta de Twitter, el TSJC estima parcialmente la denuncia de una familia y obliga al INS a impartir el 25% de clases en castellano en el aula a la que asiste el alumno hijo de los demandantes. 

El Ramon Barbat de Vila-seca se suma pues a la lista de centros que ven modificado su proyecto educativo por una sentencia judicial.

La familia había presentado en enero de 2020 un recurso contra una resolución de la Conselleria d’Educació que desestimaba una solicitud de modificación del proyecto lingüístico del instituto. En lo que se refiere a la petición de la familia de anular el proyecto lingüístico del centro, la sentencia señala que el recurso se refería a uno aprobado en 2018 y que ahora está vigente uno aprobado en noviembre de 2020. El tribunal  subraya que el aprobado en 2018 no contemplaba recibir en castellano ninguna materia no lingüística, y que el proyecto vigente «no contempla ninguna previsión respecto a la lengua castellana en cuanto a lengua vehicular y de aprendizaje, sin establecimiento de porcentaje». 

«El catalán es la lengua de uso habitual, y aunque se contempla la lengua inglesa y alemana, no existe previsión de utilización del castellano. Es evidente que la previsión contenida en el proyecto lingüístico no respeta el porcentaje mínimo establecido» del 25%, ni que se aplique en áreas, materias o asignaturas no lingüísticas curriculares de carácter troncal o análoga», continua el fallo, que reconoce el derecho a que se adecue el proyecto educativo para que «refleje el uso vehicular de ambas lenguas oficiales».

El fallo no es firme y puede presentarse un recurso de casación.  La Generalitat recurrirá la sentencia del TSJC, según dijeron ayer a Europa Press fuentes de Educació. 

«El INS Ramon Barbat de Vila-seca deberá adecuar su proyecto educativo e incluir las dos lenguas oficiales como lenguas vehiculares», se felicitó la entidad AEB. «eEmpezamos 2022 con un nuevo proyecto lingüístico declarado ilegal por el TSJC», señaló. 

Vía penal y administrativa

El Govern aprobó precisamente ayer un acuerdo para defender el catalán y la cohesión social en los centros educativos, que prevé prestar protección jurídica a los docentes y equipos directivos ante «ataques» por el uso del catalán en la educación. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, destacó ayer tras el Consell Executiu que el Govern ya estaba poniendo a disposición de los docentes y del personal de los centros sus servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica, y que con este acuerdo quiere «reafirmar» su compromiso con el catalán en la escuela. 

El acuerdo también prevé exigir responsabilidades ante eventuales «ataques a personas o colectivos por la defensa del uso del catalán» por la vía política, penal, administrativa y cualquier otra. El objetivo es «promover el consenso y la máxima unidad posible para defender y fortalecer el modelo de escuela catalana», destacó Plaja, que lo defendió como modelo de éxito basado en la «no discriminación lingüística del alumnado» y en el derecho a conocer ambas lenguas oficiales, así como en su derecho de recibir la enseñanza en catalán, dijo. «Hay quien quiere intentar destruirlo, pero no lo conseguirá», manifestó Plaja, que insistió en que el acuerdo fija la respuesta institucional del Govern ante eventuales «amenazas o coacciones» que puedan sufrir maestros o personal de los centros. 

El Govern ha promovido este acuerdo después de que el Tribunal Supremo (TS) ratificara la obligación de ofrecer el 25% de la enseñanza en castellano y de que el TSJC estableciera este porcentaje mínimo para una escuela de Canet de Mar. 

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