Manuel Rico: «Hubo una clara violación de los derechos de los mayores en la primera ola de la pandemia»

Un año después de la primera ola de la Covid-19 y del confinamiento, Manuel Rico analiza lo ocurrido en el libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Editorial Planeta). Si bien el periodista destaca la importancia de no generalizar y de ser rigurosos con los datos, sí pide depurar responsabilidades donde las haya y evitar que vuelva a suceder una desatención de los mayores en el futuro, como tuvo lugar en los meses de marzo y abril de 2020, que propició la muerte de miles de ancianos. En ¡Vergüenza!, Rico resalta que «lo que ocurrió fue que el sistema, en el mejor de los casos, permaneció noqueado y en el peor, colaboró activamente en la mayor violación de derechos humanos de un colectivo en las últimas siete décadas de la historia de España».

¿En qué se centra su análisis?
En cinco grandes causas de lo que ocurrió. Una es el déficit estructural previo a la pandemia porque la atención primaria vive de espaldas a las residencias. No son dos sistemas que estén implicados uno con el otro. Es decir, un mayor vive en su casa, enferma y el médico va a visitarlo. Pero si vive en la residencia, muchas carecen de médico fijo, disponen de un facultativo que se desplaza unas horas. Y esto es un déficit estructural que no se puede permitir, cuya mejora se está negociando desde hace años. Esta es la primera causa.

¿Las restantes?
En segundo lugar, no se disponía de pruebas para detectar si habían contraído la Covid-19 o no. En tercer lugar, la responsabilidad de los políticos en determinadas decisiones. Porque por ejemplo, el protocolo en Catalunya recomendaba no trasladar a los mayores de 80 años a las UCI. Y esto para mí es inaceptable. Los datos oficiales de la Generalitat aquí son contundentes: en Catalunya fallecieron 3.891 mayores que vivían en residencias entre marzo y abril. De estas personas, 2.797 murieron en el propio centro, sin ser trasladadas, lo que equivale al 72%. En circunstancias normales, esto ocurre en menos de un 20% de casos.

El protocolo en Catalunya recomendaba no trasladar a los mayores de 80 años a las UCI. Y esto para mí es inaceptable.

¿En qué circunstancias los ancianos fallecen en residencias?
Cundo se trata de un enfermo terminal, cuando no tiene ningún sentido llevarlo al hospital. Y con el consentimiento de la familia. Y nada de esto ocurrió con la Covid-19. Y siguiendo con las causas, la cuarta sería la responsabilidad de las empresas, de la que la más obvia es la falta de personal. Y finalmente, las propias instalaciones. Las residencias son lugares diseñados para contagiarse. Porque los trabajadores muchas veces tienen condiciones precarias, por lo que llegan a trabajar en dos residencias al mismo tiempo. Entran, salen y se llevan el virus de una a otra. Y los residentes son cada vez más dependientes. Entonces, a los mayores no los puedes alimentar o cambiarles el pañal a un metro y medio de distancia. Y las propias instalaciones tienen habitaciones dobles, en su mayoría.

¿Con qué datos trabaja?
Los datos oficiales dicen que en la primera ola, en toda España fallecieron 20.200 personas. Pero, sinceramente, creo que fueron bastantes más. Estamos hablando de fallecidos solo por Covid o síntomas compatibles. Porque como en algunas comunidades el sistema colapsó, a los mayores que enfermaban por otras patologías no los trataron, pero tampoco los contabilizaban como Covid. Por lo tanto, creo que la cifra en la primera ola es claramente superior. Pero son datos ya suficientemente terroríficos. Y es casi igual de grave que las condiciones en las que fallecieron, en muchos casos.

Tenemos que exigir que los mayores estén bien tratados dentro del Estado del Bienestar. Esa es la gran reflexión que hay que hacer.

¿A qué se refiere?
En Madrid, Catalunya y parte de las Castillas hubo cuatro o cinco semanas en las que en la práctica no se produjeron derivaciones hospitalarias. Hubo algunas, pero muy pocas. Y cuando empezó a haber traslado de los enfermos, muchos llegaban desnutridos, deshidratados, llagados. En muchísimas residencias estuvieron semanas encerrados en sus habitaciones porque no había pruebas para saber quiénes estaban con el virus o no. O sea, todas las condiciones es lo que convierten lo que ocurrió en marzo y abril en algunos sitios, en una clara violación de los derechos de estas personas.

¿Hay alguna diferencia entre gestión pública y privada?
No se puede generalizar. El gran fallo es que no se dispone de unas inspecciones y un régimen sancionar serio. En Catalunya, el 94% del sector está gestionado por empresas privadas. La mayoría probablemente lo va a hacer bien, pero va a haber una minoría que lo va a hacer mal. Entonces, si se dispone de un sistema de inspección serio y que se preocupe realmente por la calidad de los servicios que reciben los mayores que están en una residencia, los que lo hacen mal se detectan. ¿Cuál es el problema? Que el sector está mayoritariamente privatizado, no hay inspecciones serias y no hay un régimen sancionador. Entonces, las que lo hacen mal tienen una autopista de impunidad.

 

Con inspecciones y un régimen sancionador, ¿el sistema se aguanta?
Sí que es cierto que hay que cambiarlo, pero también algunas cosas ya se han mejorado. Por ejemplo, en Catalunya se ha firmado una mejora de las condiciones económicas de las plazas concertadas. Y después está el tema del tamaño, que es uno de los elementos que claramente influyó en el impacto de la mortalidad en la primera ola. Cuanto más tamaño, más impacto. En este sentido, Navarra ha limitado el número de personas en residencias. También las habitaciones dobles. Porque ¿cuándo perdieron nuestros mayores el derecho a la intimidad por entrar en una residencia? Y finalmente, los fondos de private equity.

Los mayores que se trasladaron a hospitales llegaron en muchos casos desnutridos, deshidratados y llagados.

¿Qué son los 'private equity'?
Son fondos muy especulativos que están entrando en el mercado y esto hay que limitarlo o ponerles unas normas. Son fondos que cuando compran una empresa tienen el objetivo de salir de ella en un máximo de cinco años, con las mayores plusvalías posibles. Lo que tenemos que entender es que una residencia no es un supermercado y estos fondos actúan del mismo modo en ambos casos. Si dejamos que entren, tenemos que ser muy estrictos. Exigirles más transparencia.

El gran fallo es que no hay unas inspecciones y un régimen sancionar serio para las residencias que no lo hagan bien.

También dedica un apartado a la Iglesia. ¿Qué ocurre con ella?
La Iglesia es el principal operador en el conjunto de España. Funciona al contrario que los grandes grupos. Es decir, hay tres congregaciones de monjas que tienen residencias y se basan mucho en la fundación. Son las Hermanitas de los ancianos desamparados, las Hermanitas de los pobres y las Hijas de la caridad. 

¿Cuál es el problema?
La Iglesia tiene el mismo derecho que los demás a trabajar en el sector residencial. Lo que ocurre es que sobre todo las Hermanitas de los ancianos desamparados y las de los pobres funcionan con un concepto de beneficencia, lo que quiere decir que salen dos o tres veces a la semana a la ciudad para pedir limosna para poder atender a los ancianos que tienen a su cargo. Y en algunos casos, la comida la reciben de su supermercado, a punto de caducar. Estas monjas durante la pandemia tuvieron que lanzar verdaderos gritos de auxilio, ya que no podían salir a buscar caridad.

 

Lo que tenemos que entender es que una residencia no es un supermercado y los fondos 'private equity' actúan del mismo modo en ambos casos. Si permitimos que entren en el sector, debemos exigirles más transparencia.

Parece una realidad de otro siglo.
En la Iglesia, como en todo, conviven muchas realidades y yo intento describirlas. El gran problema es que existe una especie de red de segunda que, efectivamente, sigue funcionando con el concepto propio del siglo XIX de tal forma que conviven el capitalismo sin alma del siglo XXI con el del siglo XIX. Pero la responsabilidad no es de las monjas, sino del Estado, porque le viene de maravilla ya que así se lava las manos. En el fondo, lo que tenemos que entender es que el eje tiene que ser la persona mayor, que son personas vulnerables. Tienen derecho a ser tratados de igual manera, estén en el centro que estén. Exigir que estén bien cuidados dentro del Estado del Bienestar. Por lo tanto, la administración tiene que ser especialmente rigurosa. Esa es la gran reflexión que hay que hacer. 

¿Cree que se depurarán responsabilidades?
A la memoria de los fallecidos y a sus familiares les debemos conocer la verdad de lo que pasó y depurar esas responsabilidades. Debemos abrir ese debate sobre qué se debe mejorar en el sector residencial. Pero teniendo en cuenta que nunca nada es blanco o negro. No soy partidario de demonizar a nadie.