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El CF Reus se encuentra inmerso en el periodo consursal al que se ha acogido el nuevo propietario de la entidad, Clifton Onolfo, con el objetivo de reducir la deuda de ocho millones que el club arrastra desde el mandato de Joan Oliver.
El mismo Onolfo declaró hace unas semanas que esa deuda no es de cinco millones, tal y como a él se le había asegurado.
El Concurso de Acreedores al que se ha acogido la entidad reusense no dispone de un plazo límite de tiempo. El Reus, mediante su actual propiedad, debe presentar un plan de viabilidad al administrador concursal y pedir una reducción de la deuda, tal y como permite la ley.
Para que esa reducción entre en vigor Onolfo debería llegar a un acuerdo con los acreedores, entre los que se encuentran varios proveedores y los trabajadores de la entidad, que ya acumulan siete meses sin cobrar,. Si ese acuerdo no fructifica, el Reus podría entrar en una fase de liquidación total del club, que a la larga también implicaría en su desaparición.
La denuncia de los trabajadores
Desde el CF Reus se espera la llegada del administrador concursal esta misma semana para avanzar en el proceso.
Onolfo sigue en la capital del Baix Camp trabajando con sus asesores, que le han aconsejado entrar en Concurso, una vez analizada la deuda.
Los trabajadores del club interopusieron una denuncia por los impagos que ya ha tomado la vía judicial.
Esta demanda se puso justo antes de que el Reus entrara en Concurso de Acreedores, por lo que la extinción de los contratos podría resultar inminente. En todo caso, los empleados sólo tienen garantizados cuatro meses de cobro de los siete que se les adeuda. La deuda total con sólo los trabajadores es de alrededor de 700.000 euros.
Hasta el momento, Onolfo solamente ha desembolsado lo correspondiente a una nómina a 12 jugadores del filial, el Reus B Cambrils que milita en la Tercera División.
Onolfo se reunió el pasado jueves con representantes de la LaLiga en Madrid e incluso sus abogados parece que han ampliado el recurso al Tribunal Administrativo del Deporte con el objetivo de que la sanción de tres años sin poder competir en el fútbol profesional quede reducida al mínimo. Una dictamen que se presenta decisivo para la subsistencia del CF Reus, siempre y cuando no se liquide a la entidad en el Concurso de Acreedores.
