El bar del fútbol y la modernidad líquida

El bar ha sido, desde siempre, uno de los centros neurálgicos de los campos de fútbol, más allá de las barras que recibían a la avalancha de aficionados en la antesala o la media parte de los partidos. Sus responsables, sus clientes más icónicos, las pequeñas y grandes anécdotas que allí sucedían, las decisiones que en ellos se tomaban... forman parte de la memoria histórica de todos los clubes.

Hoy hace diez días, el bar del Estadi Municipal vivió uno de esos días de gloria con la llegada del propietario del CF Reus, Clifton Onolfo. El americano improvisó allí su primera rueda de prensa, ya que no fue autorizado a hacerlo en el interior de las instalaciones municipales.

No podía haber escenario más idóneo que el bar para acoger al arquetipo de modernidad líquida en que se ha convertido el CF Reus. Este concepto fue acuñado a finales de los años 90 por el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, con tanta fortuna que ha pasado a ser un término recurrente del argot político. Bauman habló de modernidad líquida para definir a la sociedad que venía, caracterizada por una realidad inestable y transitoria, donde todo es cambiante, inconsistente y movedizo y la única certeza es la certeza de la incertidumbre. Si nos atenemos a la definición de Bauman, es difícil encontrar un modelo más líquido y menos sólido que el CF Reus actual, donde todo se antoja voluble e incluso frívolo.

El primer mensaje que lanzó Onolfo desde el bar fue que está dispuesto a plantear batalla en todos los frentes para salvar a la sociedad anónima deportiva (SAD) que compró el pasado mes de enero. Acompañado de su abogado David Peña, acusó a los ex propietarios Joan Oliver y Joan Laporta de haberle engañado en la venta de la SAD y anunció acciones legales contra ellos; cargó contra el ayuntamiento por no haberle ayudado «en nada» pese a las promesas recibidas; denunciará a la Liga de Fútbol Profesional por la expulsión del equipo de la Segunda división a media temporada y todos los perjuicios económicos derivados; pleiteará con la Federación Española para revocar el descenso automático y recuperar la plaza en Segunda B; y proclamó que el equipo competirá cuando menos en Tercera.

Carga de profundidad

El pasado lunes, el bar volvió a convertirse en oficina del club y hasta en improvisado despacho presidencial, con Onolfo firmando los precontratos con una decena de jugadores reclutados por el técnico Ramon Maria Calderé para confeccionar un conato de plantilla. Pero el grupo no pudo entrenar porque el ayuntamiento se negó a abrir las instalaciones. Tanto el propio consistorio como el administrador concursal se apresuraron a desmarcarse de las actuaciones de Onolfo.

Dos días después, nuevo intento fallido de entrenar en el Estadi Municipal, esta vez con un notario levantando acta, a la que siguió una decisión con aires de carga de profundidad: el CF Reus iría a entrenar al campo del barrio tarraconense de La Floresta pagando el alquiler de las instalaciones, propiedad del ayuntamiento de Tarragona.

Y así fue. Sobre lo acontecido el viernes en La Floresta, me remito a la suculenta crónica de Juanfran Moreno publicada en el Diari de ayer. Una narración sin desperdicio.

A todo esto, Onolfo presentó ante la Federació Catalana el aval de 30.000 euros necesario para asegurar la plaza en Tercera. Si nos atenemos a los movimientos anunciados por el empresario estadounidense, el siguiente paso será solicitar la suspensión cautelar de la pérdida de la plaza en Segunda B decretada por la Federación Española por presunto incumplimiento de las obligaciones económicas por parte del Reus.

Un equipo en precario

En cualquier caso, más allá de hallarse en concurso de acreedores, la SAD necesita saldar la deuda con los jugadores del equipo profesional y del filial de la pasada temporada –más de dos millones de euros– para poder jugar en la categoría que sea.

Con todos estos ingredientes, la estrategia judicial por la que apuesta Onolfo toma forma. El objetivo públicamente expresado y el precedente sobre el que trabajan sus abogados se llama Orihuela, club también en proceso concursal al que en 2012 un juzgado de lo penal obligó a readmitir en Segunda B ya iniciada la temporada, después de que la Federación lo hubiera descendido por no presentar un aval. Así las cosas, no parece que Onolfo tenga otra hoja de ruta que la vía jurídica para intentar rescatar algo de todo lo perdido, ya sea a nivel deportivo o económico, por los dos descensos automáticos.

Sucede que, en esta estrategia, la faceta puramente deportiva resulta accesoria mientras no se resuelva la situación actual. Poner en marcha un equipo e inscribirlo en la competición de manera tan precaria e improvisada apunta más a una premisa necesaria para apuntalar los recursos judiciales que a un planteamiento futbolístico con miras a reconstruir una plantilla y fijarle objetivos.

Un problema añadido es que, por ahora, todo esto sólo se ha traducido en una sucesión de episodios a cada cual más histriónico.