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La operación Soule contra la corrupción en el fútbol va mucho más allá de la Federación Española de Fútbol (FEF) y de los encarcelados Ángel María Villar, su hijo Gorka, y el vicepresidente del ente, Juan Padrón. Según fuentes del caso, la UCO de la Guardia Civil, Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tienen munición para acusar a casi medio centenar de dirigentes del fútbol español, (especialmente responsables de varias federaciones territoriales), empresarios amigos agraciados con contratos multimillonarios muy por encima de su capacidad, directivos de instituciones cercanas a la FEF, dirigentes de entidades deportivas extranjeras y trabajadores de la Federación.
El magistrado, en breve, comenzará a citar como investigados a esos más de 40 sospechosos, acusados todos ellos de formar parte de la inmensa red clientelar que tejió Angel María Villar. Una rapiña que los operativos cifran en más de cien millones de euros, solo en la última década y solo con los pelotazos más sonados descubiertos hasta la fecha.
El magistrado apuntó a que esas federaciones de fútbol salpicadas estarían la Interinsular de Las Palmas, la de la Comunidad Valenciana, la de Ceuta, la de Melilla, la de Madrid y la de La Rioja. Anticorrupción y la UCO también tienen pruebas contra «diversas delegaciones» de Mupresfe (la mutualidad de los futbolistas españoles) o contra varios empleados «íntimos amigos y fieles» de Villar, a los que el todavía presidente benefició o iba a premiar con contratos y despidos fraudulentos.
Bajonazo del caché
Aunque Pedraz no los cita como objetivo inmediatos de sus pesquisas, la Guardia Civil y la Fiscalía tienen en el epicentro de sus pesquisas también, y muy especialmente, a las federaciones de Cantabria y Murcia.
Una parte importante de la investigación se centra en el bajonazo del caché de la selección nacional que Ángel María Villar ordenó para que federaciones extranjeras, a cambio de jugar con La Roja, contrataran los servicios de la asesoría de Gorka Villar.
La Audiencia Nacional tiene en su punto de mira el pago de comisiones ilegales por parte de las federaciones de Corea del Sur, Venezuela, Chile, México, Colombia y Argentina por partidos celebrados entre 2008 y 2011.
Por el tribunal también desfilarán los responsables de Santa Mónica Sports, que gestionó los derechos de la selección y que, según la UCO y Anticorrupción, causaron, con el beneplácito de Villar y los suyos, un agujero cercano a los 51 millonesa la FEF en la explotación de la imagen de la selección en la televisión. Al menos cuatro empleados de la Federación están ya investigados por percibir dinero de Santa Mónica.
Otros 35 millones están también en la agenda cercana de citaciones de Pedraz. Fue el dinero que Estudio 2000 se embolsó por comercializar, como único proveedor, ropa deportiva de la FEF, y en particular equipaciones de los árbitros. Según la investigación, esta empresa, sin apenas capacidad, solo revendía productos textiles, y se embolsó por ello cerca de 14 millones de euros.
La trama de la reventa de entradas que la FEF regalaba y que luego salían a la venta en alguna federación territorial completaría, por ahora, el cupo de imputados en esta «inmensa red de corrupción» del fútbol español.
