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La Federació Catalana de Futbol anunció, con el apoyo de la Secretaria General de l’Esport y la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que el pasado fin de semana todos los equipos catalanes, desde Tercera División hasta Cuarta Catalana, harían huelga para protestar por la «persecución fiscal y recentralizadora» a la que les está sometiendo el Estado español. Entre las medidas que denuncian, está la obligación de inscribir en la Seguridad Social a todos los técnicos y jugadores que perciban alguna remuneración, por pequeña que sea. A eso se le suma el impulso de la licencia única, que pone en peligro las licencias expedidas por las federaciones catalanas, la ley reguladora del impuesto de sociedades y el aumento del IVA sobre el deporte, que ya es del 21%. Así las cosas, el pasado sábado y domingo, en el que algunas categoría no tenían actividad, coincidiendo con la fiesta de carnaval, se paralizó por completo el fútbol y el fútbol sala de Catalunya, parón que se unió al de otras federaciones.
La provincia, preocupada
Respecto a la situación actual que está viviendo el mundo del fútbol, Josep Mir, presidente del CF Pobla de Mafumet, explica que «la iniciativa de la Federació Catalana de Futbol fue buena, pero fue una huelga descafeinada. Creo que sería mejor hacerla un fin de semana en el que todas las categorías tengan actividad, porque tendría más repercusión». Mir también opta por otras opciones como «realizar concentraciones en las plazas de algunas ciudades para protestar». Con todo, el máximo mandatario del filial del Nàstic asegura que «la situación perjudica al fútbol modesto, porque tener que dar de alta a todos los monitores, entrenadores que cobran 100 o 150 euros, a parte del coste que representa, es un gasto adicional para los clubes, porque se necesita una gestoría, lo que comporta más gastos de los que ya tenemos y eso no se puede soportar».
Mir comenta que «nosotros, desde el inicio de la temporada, dimos de alta a la Seguridad Social a la plantilla (entrenadores incluidos), con todo lo que ello conlleva, porque vimos cómo iban las cosas, había inspecciones y multas importantes y creíamos que no podíamos esperar más, pero no pensábamos que esto afectaría también al fútbol pequeño». Mir sigue explicando que «además, no únicamente afecta al mundo del deporte, también a AMPAS y a otros sectores. Está claro que el gobierno lo que pretende es recaudar dinero».
También en Primera Catalana hay preocupación, como explica Jordi Pérez, presidente del CF Amposta: «Estamos de acuerdo con la huelga. Se trata de un gasto inasumible, no solo por lo que comporta dar de alta a la Seguridad Social a entrenadores y jugadores, sino por el dinero que se gasta en asesorías». Pérez cree que «podría entender que a partir de cierta cantidad se tuviera que cotizar, pero está claro que los monitores y entrenadores de base, con el sueldo que cobran y los gastos que asumen, no pueden cotizar».
Perjudicados otros sectores
El presidente de la entidad de la capital del Montsià también tiene claro que «si por este hecho desaparecen clubes, la Seguridad Social subirá en afiliados y tendrá más ingresos, pero todo lo que se deriva del fútbol como es el gasto en gasolina, comidas, etc… se verá perjudicado y no se generarán tantos ingresos». Sobre su club, Pérez afirma que «hemos pedido un presupuesto de lo que costaría y es imposible asumirlo. No sé qué tendríamos que plantear, porque intentar ingresar más dinero es complicado». Otro aspecto que preocupa a Pérez es que «si hay que depurar responsabilidades, éstas caerán sobre la junta directiva».
No es menor la preocupación en Segunda Catalana, donde David Torres, entrenador de la UD Jesús i Maria junto a José Mari Aliau, explica que «la huelga que se hizo está muy bien, pero tendría que repetirse un fin de semana en el que haya actividad en todas las categorías». El hecho de que las próximas jornadas se haga un minuto de silencio en los campos para protestar, Torres cree que «es una medida acertada por parte de la Federació Catalana de Futbol, ya que la repercusión mediática será importante, puesto que que en Catalunya se juegan unos 5000 partidos cada fin de semana».
Sobre los aspectos que perjudican más de las leyes impuestas por Madrid, Torres asegura que «las que nos afectan más son las que imponen la cotización a la Seguridad Social de cualquier deportista que perciba una compensación económica, aunque sea muy pequeña, y las medidas tributarias y de hacienda».
En el caso de la UD Jesús i Maria, el técnico explica que «tenemos 15 equipos en competición entre la FCF y el Consell Comarcal del Baix Ebre y esta medida podría provocar que un club modesto como el nuestro tenga muchas dificultades para sobrevivir, ya que se haría inviable satisfacer mensualmente cuotas de la Seguridad Social y declaraciones de hacienda». Torres también esve claro que «las entidades tendrían problemas para encontrar juntas directivas, puesto que las responsabilidades penales y civiles que tendrían los directivos en caso de no cumplir la legislación, podrían ser importantes». El entrenador piensa que«el Gobierno tiene afán recaudatorio».
