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La sentencia del Cas Palau, conocida este lunes, confirma el circuito de las comisiones: Ferrovial pagaba no el 3% sino el 4% de las obras, que se repartían CDC (2,5%) y Fèlix Millet y Jordi Montull (1,5%) como intermediarios. Esa red tuvo su derivada en Tarragona, en concreto, en una construcción. La sentencia considera probado que Ferrovial pagó comisiones del 4% a cambio de «como mínimo» cuatro obras públicas, una de ellas ubicada en Terres de l’Ebre.
Se trata del revestimiento de la acequia Bellet, en el margen izquierdo del río Ebre, en el Delta. En el año 2000 Ferrovial obtuvo la adjudicación de la obra de recubrimiento de la entidad Regs de Catalunya, empresa pública de la Generalitat. El importe era de 439.008.854 de pesetas. Sostiene el texto de la sentencia: «La conclusión fluye por sí sola: En diciembre de 2000 se ingresó por Ferrovial en una cuenta bancaria de la Fundació Orfeó Català la cantidad de 50 millones de pesetas, destinados a pagar a la Generalitat (CDC) la cantidad de 11 millones de pesetas, correspondientes al 2’5% de 439.008.854 de pesetas, importe este de la obra que el 23 de noviembre de 2000 se había adjudicado a Ferrovial para el recubrimiento de la Sèquia Bellet». Así, el fallo concluye que «la adjudicación comportó que se pagara a CDC, antes del 16 de febrero de 2001, 11.000.000 pesetas (66.111’33 euros), aproximadamente el 2’5% del importe adjudicado, y un 1’5% a Fèlix Millet y Jordi Montull, que se lo repartieron en su habitual 80-20%».
Comisiones de ese tipo se abonaron en al menos otras tres obras públicas: un pabellón en Sant Cugat, la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro de Barcelona, todas ellas –incluida la intervención ebrense– adjudicadas durante el último gobierno de Jordi Pujol (1999-2003).
La Audiencia de Barcelona ha condenado a Millet a nueve años y ocho meses de prisión, a Montull a siete años y seis meses y a Gemma Montull a cuatro años, seis meses y 22 días de cárcel. También ha impuesto cuatro años de prisión para Daniel Osàcar, ex tesorero de CDC. Condena al partido a devolver los 6,6 millones de euros con los que se lucró de forma ilegal.
