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Todo empezó en 1996, cuando la empresa Escal UGS (participada en 66,67 % por la ACS de Florentino Pérez) obtuvo un permiso de investigación de hidrocarburos del Ministerio de Economía. En 2004 el Ministerio autorizó la perforación submarina que confirmó la viabilidad del proyecto de utilizar la cavidad submarina dejada por el petróleo para almacenar gas. El objetivo final del proyecto era convertir el antiguo yacimiento en una reserva estratégica de gas natural. El almacén estaría conectado con la red estatal de suministro a través de un gasoducto submarino y recibiría el gas de los yacimientos del norte de África.
El gas se inyectaría en un antiguo pozo de petróleo denominado Amposta, situado a 21 kilómetros de Les Cases d’Alcanar, el primero que se descubrió delante de las costas del Delta. Operado por Shell, empezó a producir comercialmente en 1973 hasta que fue abandonado en 1987.
Declarado de ejecución ‘urgente’ en el plan energético estatal del periodo 2005-2011, ACS, Enagás y Eurogás firmaron un acuerdo en 2007 para impulsar el proyecto Castor, de una inversión estimada entonces de 1.200 millones de euros, que luego serían 1.400, con el objetivo que entraría en servicio en 2010.
En esa época ya se había constituido la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, contraria a la instalación, y ayuntamientos del Montsià, especialmente el de Alcanar, rechazaban la plataforma marina y la planta terrestre por los efectos negativos sobre la agricultura, el medio ambiente y el turismo.
A pesar del rechazo, Escal UGS logró en 2008 la concesión por un período de 30 años y en 2010 comenzó la perforación de los pozos de almacenamiento.
En setiembre de 2013 estalló el escándalo. Un millar de seísmos, el más intenso de 4,3 grados, sacudieron la costa de las Terres de l’Ebre y el norte de Castellón cuando la empresa realizaba inyecciones de gas en el subsuelo. La plataforma y ayuntamientos de la zona tenían clara la responsabilidad del Castor en los terremotos, pero la empresa inicialmente sólo asumió los de menor intensidad. Informes posteriores del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico y Minero confirmaron la relación causa-efecto.
A finales de 2013, un decreto ministerial paralizaba la actividad. Visto lo visto, ACS dio marcha atrás en 2014 y renunció a la concesión para recuperar el dinero invertido, según ellos 1.600 M€: 1.400 de la infraestructura más 200 en costes operativos.
El PP aceptó el requerimiento de la empresa e indemnizó a Escal UGS con 1.650 millones de euros. Enagás se hizo cargo del almacén, en estado de hibernación, con unos costes de mantenimiento anuales de 15,7 M€.
Esta enorme factura la pagarán los consumidores de gas de toda España a lo largo de 30 años mediante los cargos de los costes fijos del sistema que Enagás imputa a sus facturas, a razón de 100 millones de euros anuales.
Esta semana se han presentado los estudios definitivos encargados por el Estado que certifican la relación entre la inyección de gas y los seísmos, aunque exculpan a la empresa. Subraya que las inyecciones de gas desestabilizaron la falla Amposta, de modo que ahora el entorno es más inestable y una eventual reanudación de las operaciones supondría un «riesgo elevado» de seísmos, de hasta 6,8 grados.
El Gobierno ha decidido no reabrir el Castor pero, por ahora, tampoco lo desmantelará aunque lo reclame el territorio. Su coste sería de unos 300 M€. Mientras, hay una causa abierta en el juzgado de Vinaròs para dirimir responsabilidades. Lo que está decidido es que los contribuyentes pagarán el sobrecoste en la factura del gas hasta el año 2044.
